En un esfuerzo por atender las necesidades del sector agropecuario, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha establecido un Comité de Coordinación que incluye a las consejerías de Desarrollo Sostenible y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como a representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias Asaja, UPA y COAG, y a Cooperativas Agroalimentarias. Este comité tiene como objetivo el seguimiento y desarrollo de acciones para responder a las peticiones del sector y lograr avances significativos en el futuro próximo.
La instauración del comité fue confirmada durante una reunión liderada por el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, junto con el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, y otros destacados funcionarios y representantes del sector agrario.
Durante una rueda de prensa posterior a la reunión, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, subrayó que el Gobierno actuará en colaboración con las OPAS, y que se celebrarán tantas reuniones como sean necesarias. La finalidad es reflejar las medidas de competencia regional, nacional y europea, aprovechando incluso la comunicación con el Comité de las Regiones que se reunirá en abril en Bruselas.
Martínez Lizán destacó algunas iniciativas recientes como la firma de un convenio regional con entidades financieras que ofrecen tipos de interés preferentes para agricultores y ganaderos. Además, la Consejería cooperará económicamente con herramientas financieras nacionales para implementar, por ejemplo, los avales Saeca.
El consejero adelantó que se resolverán cuestiones pendientes como el plan de ordenación de las zonas ZEPA, lo que clarificará la situación para los agricultores al solicitar la PAC. También hizo mención a la Ley de la Cadena Alimentaria, indicando que el Ministerio contempla crear una agencia para reforzarla, mientras la Comisión Europea demuestra interés en proteger al sector alimentario.
En Castilla-La Mancha, el gobierno ha efectuado 679 controles en los últimos cuatro años, imponiendo 126 expedientes sancionadores, y prevé realizar otros 240 este año, mostrando su disposición a actuar con inflexibilidad ante cualquier irregularidad en la comercialización de productos agrícolas.
Martínez Lizán ha subrayado la necesidad de que la agricultura pase por una transición hacia la sostenibilidad manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad. Se promueve una evolución sensata, ordenada y respetuosa tanto con las normas de producción locales como europeas, evitando una revolución precipitada que pudiera poner en riesgo el trabajo realizado durante años.
El consejero finaliza reafirmando el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de continuar trabajando en colaboración con la Consejería de Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Transición Ecológica, para armonizar las normativas medioambientales y agronómicas, y con la urgencia de revisar las regulaciones antes de las próximas elecciones europeas. La intención consiste en ir acordando y respondiendo a las necesidades del sector de manera constante.
