El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves, por asentimiento, una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia 2022, presentada por la Fundación Unicef-Comité español.
Leído por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, el texto pide «un compromiso real» para promover acciones que favorezcan el cumplimiento de los derechos de este colectivo.
Entre ellas, se menciona promover una mayor y más eficiente inversión en la infancia, garantizando que se asignan los recursos necesarios para afrontar los retos mencionados con los derechos de la infancia en el centro, y escuchar las preocupaciones y necesidades de niños, niñas y adolescentes, y contemplarlas de una manera transversal en la acción política, promoviendo su participación para diseñar junto con ellos y ellas las estrategias para la recuperación de esta crisis.
También se demanda tener en cuenta en todas las decisiones tomadas en la respuesta a la crisis y en la recuperación, que tengan efectos sobre la infancia y adolescencia, los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, como el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, el derecho la participación y la no discriminación.
Respecto a sus derechos, la declaración busca impulsar recursos de calidad y especializados, así como medidas para garantizar la promoción, prevención y atención a la salud mental de la infancia y adolescencia, con un foco especial en los colectivos más vulnerables; e impulsar prestaciones de apoyo a la crianza y medidas fiscales que beneficien a las familias con hijos, especialmente las más vulnerables.
POLÍTICAS DE REFUERZO EDUCATIVO
De la misma forma, busca políticas de refuerzo educativo que garanticen el acceso equitativo y efectivo a una educación de calidad a través de becas y programas de apoyo, especialmente para los niños en sus primeras etapas educativas y en situación de vulnerabilidad.
La declaración defiende la protección de la infancia «ante todo tipo de violencia», impulsando mecanismos para lograr entornos protectores, con recursos suficientes para que todos los servicios dirigidos a la infancia garanticen, desde un enfoque preventivo, la protección de niños, niñas y adolescentes ante situaciones de malos tratos, abusos, acoso o violencia.
Igualmente, demanda reforzar los programas dirigidos a promover la inclusión de los niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados, y de los jóvenes que salen del sistema de protección de la infancia, y promover las acciones necesarias para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, «convirtiendo la crisis provocada por la pandemia COVID-19 en una oportunidad para invertir en el presente y el futuro de la infancia, reconstruyendo mejor y con un enfoque de sostenibilidad, sin perder de vista la amenaza de la crisis climática y su pernicioso impacto en la infancia».
Finalmente, ve «fundamental» reafirmar el compromiso para desplegar acciones y conseguir resultados en favor de la infancia a nivel local, nacional y mundial, fortaleciendo la Cooperación Internacional para el Desarrollo, teniendo en cuenta el impacto de la COVID-19 en los países en desarrollo y garantizando la vacunación global y sistemas de salud fortalecidos.
RETOS PENDIENTES
El Parlamento de Castilla-La Mancha se une así a Unicef España en la celebración del Día Mundial de la Infancia, destacando grandes logros a favor de los derechos de niños, pero también recordando que aún hay retos pendientes de alcanzar en España y en Castilla-La Mancha para que los derechos de la infancia sean una realidad en un Estado que ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño hace más de 30 años.
Los niños, niñas y adolescentes «se enfrentan a múltiples desafíos, como la pobreza y las desigualdades, la crisis climática, la violencia, las consecuencias de la COVID-19. Desafíos que comprometen su nivel de bienestar hoy, pero también sus oportunidades de desarrollo y supervivencia mañana» por lo que «asegurar la consecución de los derechos de niños, niñas y adolescentes es una cuestión colectiva y de obligado cumplimiento», explica.
El texto reconoce que la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 «supuso un gran avance» en el cumplimiento de los derechos de niños, así como su ratificación por España en el año 1990, pese a que todavía hoy «quedan grandes retos globales a abordar y que nos interpelan también a nivel nacional, regional y local».
En este sentido, asume que las recientes crisis económicas, la crisis climática, la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania «han puesto en una situación complicada la supervivencia de millones de personas en el mundo, y especialmente de niños».
