En un giro sin precedentes en la política surcoreana, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl ha emitido una orden de detención contra el presidente Yoon Suk Yeol, quien ha sido momentáneamente destituido de sus funciones. Los cargos presentados en contra de Yoon incluyen insurrección y abuso de poder, derivados de su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Esta decisión judicial se produce tras la solicitud de un equipo conjunto de investigación compuesto por la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango (CIO), la Policía y la unidad de investigación del Ministerio de Defensa.
Además de la orden de detención, el tribunal ha autorizado la búsqueda de la residencia presidencial en Yongsan, Seúl. Estas acciones marcan un hito en los procedimientos legales contra un presidente en ejercicio, puesto que Yoon había ignorado previamente tres citaciones para comparecer ante el tribunal. La defensa del presidente Yoon alegó la falta de jurisdicción del CIO y la ilegalidad de la orden de detención, argumentos que el tribunal ha desestimado.
En respuesta a la orden de arresto, el Servicio de Seguridad Presidencial ha anunciado que tomará medidas para cumplir con el proceso legal, mientras que los abogados del presidente han calificado la orden de «ilegal e inválida». Planean apelar ante el Tribunal Constitucional para suspender la medida judicial y determinar la aplicabilidad de la orden en este contexto. Este curso de acción resalta las tensiones crecientes entre las autoridades judiciales y el ejecutivo surcoreano.
Además, la defensa de Yoon ha criticado la falta de coordinación en las citaciones, sosteniendo que esto le ha causado desventajas legales. Este escenario surge después de que la Asamblea Nacional aprobara una moción que destituyó a Yoon de su cargo. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur tendrá ahora la ardua tarea de decidir si restituye las competencias de Yoon o lo inhabilita de forma definitiva, una decisión que se espera para antes de junio.
Este episodio no solo representa un momento crítico en la carrera política de Yoon Suk Yeol sino que también pone a prueba la solidez de las instituciones democráticas de Corea del Sur y su capacidad para manejar crisis políticas de esta magnitud. La comunidad internacional observa atentamente mientras se despliega este dramático capítulo en la política surcoreana, con implicaciones que podrían trascender las fronteras del país asiático.
