En un inesperado giro de los acontecimientos, el presidente Yoon Suk Yeol de Corea del Sur anunció la imposición de la ley marcial de emergencia a través de un discurso televisado a la nación, emitido a las 22:30 horas locales, argumentando la necesidad de esta medida para “proteger el orden constitucional liberal” de la nación y “erradicar las fuerzas antiestatales”. Esta decisión sin precedentes en la política contemporánea de Corea del Sur ha causado un considerable revuelo tanto nacional como internacionalmente, dado el contexto político actual en el que se encuentran sumergidos el país y su gobierno.
La decisión del presidente Yoon de instaurar la ley marcial resurgió en respuesta a lo que él describe como una creciente simpatía hacia Corea del Norte por parte de los partidos de oposición izquierdistas que actualmente tienen el control del Parlamento. Según Yoon, estos partidos han paralizado el funcionamiento del gobierno mediante actividades consideradas antinacionales. Este enfrentamiento político ha llegado a un punto crítico, provocando una parálisis gubernamental y poniendo en jaque la estabilidad política del país.
En su discurso, el mandatario surcoreano enfatizó que la declaración de ley marcial es crucial para reconstruir y salvaguardar una Corea del Sur «liberal», la cual percibe como amenazada por «el abismo de la ruina». La reacción de los principales líderes de la oposición no se hizo esperar, declarando la medida como “ilegal” y prometiendo detenerla con el apoyo del pueblo.
Desde su elección en 2022, Yoon ha experimentado una resistencia significativa en la implementación de su agenda política, principalmente debido al control de la oposición sobre el Parlamento. Ha acusado a estos partidos de oposición de utilizar “juicios políticos” contra funcionarios de su gobierno para paralizar el ejecutivo y ha criticado duramente su conducta, describiéndolos como «fuerzas antiestatales pro Corea del Norte» que han intimidado a jueces y ministros, incluido el de defensa.
La implementación de la ley marcial otorga poderes extraordinarios al gobierno y limita ciertos derechos civiles, levantando serias preocupaciones sobre su impacto en la democracia y la gobernanza del país. Este controversial movimiento ha encendido un debate acerca del equilibrio entre la seguridad nacional y las libertades civiles, llevando a un intenso escrutinio tanto a nivel nacional como internacional.
Tras el anuncio, el Ministerio de Defensa convocó una reunión urgente con los comandantes clave de todas las ramas militares. El general Park An-soo, jefe del Estado Mayor del Ejército, fue nombrado comandante de la ley marcial. Además, se ordenó a las fuerzas armadas aumentar su estado de alerta y preparación.
Por otro lado, el líder de la oposición, Lee Jae-myeong, argumentó contra la declaración, señalando que no hay justificación para la ley marcial e instando a los ciudadanos a proteger la democracia del país. Este apremiante llamado a la acción culminó con un pedido a la población para que se concentre en la sede del Parlamento.
Este dramático desarrollo político en Corea del Sur no solo marca un periodo definitorio para el futuro inmediato del país sino que también pone en relieve las profundas divisiones políticas que enfrenta la nación. Con la popularidad del presidente Yoon en un punto crítico, según las últimas encuestas de opinión, el país se encuentra en una encrucijada histórica, entre la preservación de su democracia liberal y la navegación a través de una crisis política sin precedentes.
