En el marco de la nueva regulación de las medidas de apoyo a la discapacidad, los técnicos y responsables de los servicios sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real y de la Junta de Comunidades han mantenido la tercera reunión con la Fiscalía para establecer protocolos de actuación que permitan una respuesta más ágil y eficaz a las personas que necesitan de esta ayuda.
La concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, ha destacado la importancia de esta coordinación entre las administraciones para poder dar una mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos. En la capital, se han identificado alrededor de 700 expedientes que requieren de una revisión con la nueva ley, lo que evidencia la necesidad de acelerar los procedimientos para asistir a aquellos que más lo necesitan en su día a día.
Tanto Galisteo como la teniente fiscal Carmen Mendiola han valorado positivamente los avances conseguidos en las reuniones anteriores, destacando que la coordinación entre administraciones está demostrando ser clave para mejorar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos. La puesta en marcha de este mecanismo de trabajo conjunto ha permitido agilizar la tramitación de los expedientes, beneficiando principalmente a personas con discapacidad y mayores con dependencia.
La nueva ley, que entró en vigor en septiembre pasado, otorga un papel fundamental a los profesionales especializados en ámbitos social y sanitario, reconociendo la importancia de su labor en la atención y cuidado de las personas con discapacidad. Esta colaboración entre las diferentes entidades públicas involucradas en la asistencia a este colectivo es fundamental para garantizar una respuesta efectiva y de calidad a sus necesidades.
