Aproximadamente 2.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha se dirigirán este lunes a Madrid para participar en una manifestación a gran escala, continuando su lucha por soluciones ante una crisis que afecta gravemente al sector agroganadero. Convocados por las organizaciones ASAJA, UPA y COAG, y con el respaldo de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, pretenden hacerse oír bajo el lema ‘El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento’.
Con alrededor de 30 autobuses, así como participantes en tren o vehículos particulares, los manifestantes recorrerán el centro de Madrid hasta llegar al edificio de la Comisión Europea, donde coincidirán con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. En dicha reunión se debatirán aspectos clave para el sector como lo son los acuerdos comerciales con países externos a la UE.
José María Fresneda, presidente de Asaja Castilla-La Mancha, no ha dudado en expresar su descontento ante la falta de firmeza de los ministros de Agricultura de Europa en la defensa del sector. En respuesta a las declaraciones del ministro español Luis Planas, quien adelantó que la imposición de cláusulas espejo para combatir la competencia desleal en dichos acuerdos será complicada por la falta de consenso, Fresneda ha pedido la dimisión de aquellos que no defiendan adecuadamente los intereses agroganaderos.
Para enfrentar esta falta de acuerdos, desde Asaja Castilla-La Mancha sugieren aumentar el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC), sugiriendo que se dupliquen los fondos para ayudar a los afectados por la competencia desleal. Una solicitada que parece depender, según Fresneda, de la voluntad política.
Asimismo, la flexibilización de la PAC y la imposición de normas más complejas será otro punto crítico sobre la mesa de los ministros, una política que ASAJA rechaza completamente, argumentando que los nuevos requisitos son impracticables y suponen una seria amenaza para el modelo productivo de la región.
La protesta también se hará sentir frente al ministerio de Agricultura, donde se exigirá una serie de reformas: un cambio en la Ley de la Cadena Agroalimentaria, un sistema de Seguros Agrarios adaptado a las necesidades reales de los productores, una fiscalidad justa que se alinee con el incremento de los costes que enfrenta el sector, y la urgente necesidad de inversiones en infraestructura de regadío.
Fresneda concluye aludiendo a una estrategia de presión pacífica y visibilización del descontento con las decisiones políticas tanto en España como en Bruselas, acciones que, según señala, impactan directamente en la supervivencia del sector.
