El Gobierno ha programado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo lunes, con el propósito de informar a las comunidades autónomas sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria que servirán como marco de referencia para la formulación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2024. Este órgano colegiado, que integra a los representantes del gobierno central y de las comunidades autónomas, es inequívoco en su función de emitir un informe previo requerido antes de proceder con la aprobación de la senda de estabilidad, teniendo una repercusión directa en la planificación presupuestaria de cada comunidad.
Este anuncio fue realizado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un ambiente distendido durante su interacción con los periodistas en un evento institucional con motivo del Día de la Constitución, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados.
La convocatoria del CPFF coincide con la fecha límite estipulada para que los variados centros gestores de los Ministerios comuniquen a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas relativas al proyecto presupuestario. El Gobierno manifiesta su intención de agilizar este proceso y presentar cuanto antes al Congreso el proyecto de ley de presupuestos. No obstante, es preciso señalar que, hasta que sean aprobados los presupuestos para 2024, se efectuará una prórroga de los presupuestos actuales en virtud de la imposibilidad de contar con uno nuevo antes del 31 de diciembre.
Conforme a lo estipulado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno debe, previo al proyecto de Presupuestos Generales, aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, así como los objetivos de estabilidad presupuestaria. Para ello, es imprescindible el informe del CPFF, tras lo cual se procederá al envío de la proposición a las Cortes Generales.
Las Cortes Generales tienen la responsabilidad de emitir un pronunciamiento, ya sea de aprobación o rechazo, respecto a los objetivos estabilidad planteados por el Ejecutivo, los cuales esta vez deberán encontrarse en sintonía con las reglas fiscales europeas que se retoman tras haber sido suspendidas a raíz de la crisis pandémica.
Este proceso legislativo está encapsulado en cierto grado de incertidumbre, habida cuenta de que el Senado, donde el Partido Popular (PP) ostenta una mayoría absoluta, podría rechazar las metas de déficit y deuda vinculadas al techo de gasto.
Desde el Gobierno se enfatiza que existe suficiente seguridad jurídica para proceder con la elaboración del presupuesto aún en el caso de desaprobarse la senda de estabilidad en el Senado.
Es preciso recordar que en 2018 se presenció un precedente cuando el Senado, bajo la mayoría del PP, vetó el techo de gasto propuesto entonces por el ejecutivo de Pedro Sánchez para el ejercicio 2019. En aquella ocasión, el gobierno optó por basarse en los objetivos previos de déficit y deuda para la presentación de los presupuestos, aunque el proyecto fue posteriormente rechazado por el Congreso, la instancia que detenta la capacidad de veto final.
El escenario actual, no obstante, tiende a la incertidumbre debido a la suspensión de las normas fiscales europeas desde 2020, lo que implica la inexistencia de objetivos concretos de déficit y deuda de ejercicios recientes. A pesar de ello, existen ciertas referencias y cuadros macroeconómicos del año anterior y de los planes presupuestarios que se han remitido a Bruselas, que podrían servir como guía orientativa para el Gobierno en esta tarea.
