Treinta y siete organizaciones feministas, sociales y sindicales han convocado concentraciones en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo para el próximo lunes 29 de septiembre a las 19.00 horas. La movilización se enmarca en el Día Internacional del Derecho al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora el 28 de septiembre, y tiene como objetivo denunciar el «incumplimiento» por parte del Gobierno regional de su obligación de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública.
Las concentraciones se llevarán a cabo en distintos puntos de cada ciudad. En Albacete, la protesta tendrá lugar ante la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (c/ Feria, 7); en Ciudad Real, frente a la Delegación de Sanidad (c/ Paloma, s/n); en Guadalajara, en el Paseo Fernández Iparraguirre, 8 (antigua Subdelegación del Gobierno); y en Toledo, en la Plaza de Zocodover.
Amnistía Internacional ha informado que más de dos años y medio después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2023, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aún no ha adoptado medidas efectivas para garantizar el derecho al aborto en el sistema público. Esta situación ha generado desigualdades territoriales y obliga a las mujeres a depender exclusivamente de clínicas privadas para acceder a este servicio.
Las organizaciones convocantes han expresado su preocupación en múltiples ocasiones, incluso a través del Portal de Transparencia, dirigiéndose al consejero de Sanidad y a la consejera de Igualdad. En sus comunicaciones, han demandado información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno regional para garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y han solicitado reuniones con ambas consejerías.
La respuesta oficial de la Consejería de Sanidad, emitida a principios de verano tras una reclamación al Consejo Regional de Transparencia, ha sido interpretada por Amnistía Internacional como un reflejo de «la falta de voluntad política». Esta situación se agrava por el hecho de que, cada año, más del 60% de las mujeres que abortan en Castilla-La Mancha deben desplazarse a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho.
Entre 2010 y 2023, se han practicado 47.239 abortos a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha, de los cuales solo 18.895 se realizaron en la región. Además, el 99,94% de los abortos se llevan a cabo en clínicas privadas o concertadas, con tan solo 30 interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos en 14 años. Esto evidencia un patrón de objeción de conciencia que, según las organizaciones, no puede ser institucional.
Finalmente, los colectivos convocantes denuncian «la falta de voluntad» de la Junta para dialogar con la sociedad civil, citando múltiples solicitudes de reunión con las consejerías de Sanidad e Igualdad que no han sido atendidas.
