La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha organizado una concentración para el próximo lunes, 10 de febrero, frente a los Juzgados de la ciudad en protesta por lo que consideran un juicio «injusto» contra ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara. Estos activistas se enfrentarán a un juicio por su participación en una protesta dentro de una sucursal bancaria en Cabanillas del Campo, donde se solicitó la paralización de un desahucio.
En una declaración realizada el lunes 3 de febrero, los activistas reafirmaron su decisión de no presentarse a la vista programada para el mismo día de la concentración, considerando que el proceso judicial está «plagado de irregularidades». Se estima que las penas que podrían enfrentar varían entre 11 meses de prisión solicitados por la Fiscalía y hasta 3 años y medio solicitados por CaixaBank, la entidad bancaria involucrada. Las acusaciones incluyen resistencia grave a la autoridad, desobediencia grave y coacciones.
Los activistas, quienes han estado esperando este juicio durante más de siete años, cuentan con el respaldo de diversas organizaciones y movimientos sociales como AIKE Guadalajara, Abriendo Fronteras, Podemos e Izquierda Unida, entre otros. Este grupo sostiene que el juicio tiene una motivación política y que la sentencia ya se encuentra decidida. Diego Herchhoren, uno de los imputados y activista de la PAH, afirmó que están manteniendo su derecho a la protesta, el cual asegura que la Fiscalía intenta limitar.
A pesar de que el juicio se llevará a cabo posteriormente, los activistas insisten en que ha pasado demasiado tiempo desde que ocurrieron los hechos, el 5 de diciembre de 2017, cuando intentaron evitar el desahucio de una compañera de la PAH y fueron detenidos. Desde la Plataforma Antirrepresiva se sostiene que el objetivo de este proceso judicial es silenciar sus voces. Gustavo Rioja, otro imputado, describe esta situación como «una persecución política» contra los movimientos sociales.
La concentración está convocada para las 10.30 horas en la entrada de los juzgados, donde los participantes esperan protestar y visibilizar lo que consideran una violación de sus derechos.
