En la reciente jornada de debate organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Cuenca, expertos en derecho constitucional se han enfrentado dialécticamente sobre la constitucionalidad de la propuesta de Ley de Amnistía que se discute en España.
José Cruz de Aranda, profesor de Derecho Constitucional de Zaragoza y letrado de las Cortes de Aragón, sostiene una postura crítica al afirmar que dicha ley es contraria a principios esenciales de la Constitución Española. Según Cruz de Aranda, la amnistía es un tema complicado en el contexto jurídico actual y debiera cumplir ciertos requisitos que en este caso no concurren. Mencionó que una amnistía representa una excepción al principio de igualdad que solo se justificaría ante un consenso social y circunstancias específicas, como un acto de contrición genuino por parte de los beneficiarios, lo cual no reconoce en la situación actual.
El letrado también señaló que la propuesta de ley peca de ser una «amnistía con nombres y apellidos» y que va en contra del derecho internacional, además de vulnerar el principio de proporcionalidad y caer en arbitrariedad. Destacó la preocupación sobre el argumento de ‘lawfare’ señalando que es peligroso atacar la actuación de los jueces en un estado democrático.
En la misma línea, Francisco Javier Revorio, catedrático de Derecho Constitucional de la UCLM, se expresó en términos firmes al asegurar que la Constitución no solo prohíbe la amnistía, sino que claramente impide una legislación del tipo que se está tramitando. Revorio definió el proyecto como una «autoamnistía» que podría ir en contra de la independencia judicial y otros principios constitucionales, siendo en su opinión censurable también desde la perspectiva del derecho europeo en lo que respecta a amnistiar ciertos delitos, como el terrorismo sin condena firme o la tortura no grave.
Por otra parte, Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la UCLM, defendió la viabilidad de la Ley de Amnistía, argumentando que la Constitución no prohíbe explícitamente la amnistía y que hay tanto argumentos como legislación europea que la permitirían. García Rivas indicó que una causa legítima para la amnistía sería corregir lo que él considera una condena injusta a líderes independentistas en el año 2017 por un «forzamiento legal y penal».
La organización de este debate, a cargo de las profesoras María Isabel Navarro y Pilar Molero, tuvo como objetivo proporcionar a los estudiantes una apreciación crítica de los complejos aspectos jurídicos implicados en esta propuesta legislativa y animarles a formar sus propias opiniones en base al conocimiento y análisis jurídico. La discusión ha puesto de manifiesto las distintas interpretaciones de la constitucionalidad en relación con la amnistía y las consecuencias políticas y legales que conlleva su aplicación.
