Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, la Asociación Española de Consumidores ha iniciado una campaña de reclamaciones en favor de los herederos de dependientes fallecidos que no recibieron su prestación. El fallo judicial reconoce el derecho de dichos herederos a recuperar los gastos asumidos de manera anticipada.
La organización busca acumular los casos de las familidades afectadas para presionar a las comunidades autónomas a admitir sus derechos. De enfrentarse a la negligencia administrativa, la asociación no descarta accionar legalmente, revelaron fuentes de la entidad a Europa Press.
Se ha activado un gabinete jurídico y proporcionado un canal de comunicación ([email protected]) para asesorar a los interesados en sumarse a las acciones a realizar.
La resolución del Tribunal Supremo surge de un caso particular donde se rechazó un recurso de la Junta de Andalucía, estipulando que los descendientes de un dependiente fallecido pueden solicitar la finalización del expediente para el reintegro de gastos no disfrutados debido a la falta del Programa Individual de Atención (PIA), esencial para acceder a servicios de dependencia.
El caso específico que impulsó la sentencia involucra a una mujer de Dos Hermanas (Sevilla) cuya solicitud de ingreso a residencia, auspiciado por los servicios sociales locales, no fue aprobada antes de su deceso, lo que derivó en el archivo del expediente por parte de la administración. La junta ahora debe reabrir y solventar dicho expediente, permitiendo que la hija de la fallecida exija el retorno de lo invertido en la residencia. Este precedente afecta a todas las familias de las más de 40,000 personas que fallecen anualmente en circunstancias parecidas.
La asociación insta a las comunidades autónomas para que comiencen de oficio los procedimientos de reembolso a las familias, basándose en la claridad de la sentencia. En caso de omisión, la organización tomará medidas para que la administración efectúe los reembolsos de manera individual. Las familias deberán proporcionar la documentación necesaria, que incluye el expediente administrativo y comprobantes de gastos incurridos.
Frente al posible rechazo de las reclamaciones administrativas, la entidad está dispuesta a acudir a los tribunales y considera la opción de iniciar demandas colectivas, aunque reconoce que cada situación es única y podría complicar el proceso.
La campaña también exige un plan de acción para aminorar las extensas listas de espera que en algunas comunidades exceden los 500 días. La asociación se mantendrá vigilante para denunciar posibles reveses en las administraciones públicas, puesto que el fallo judicial podría acarrear una paralización administrativa por carencia de recursos. La entidad se compromete a defender los derechos establecidos por el Tribunal Supremo y asegurar el cumplimiento de estos en las comunidades con mayores índices de incumplimiento.
