La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha constituido este viernes el jurado popular que, a partir del próximo lunes, se encargará de juzgar a J.L.G.L., un agente de la Guardia Civil destinado en Almadén, por el que la Fiscalía solicita una pena de 15 años y seis meses de prisión por los delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental.
El agente se enfrenta al banquillo junto a su cuñado y otros cuatro particulares, quienes también están acusados y se enfrentan a penas que van desde seis hasta dos años de prisión. Estos últimos están relacionados con los «favores» que recibieron del guardia a cambio de «pequeños regalos».
Todos los acusados fueron detenidos en noviembre de 2021 durante la operación ‘Cinabrio’, que involucra a once personas, incluyendo seis guardias civiles del puesto de Almadén; no obstante, solo J.L.G.L. está siendo juzgado en esta ocasión. El juicio debía haberse llevado a cabo en mayo, pero fue suspendido por no alcanzar el mínimo de candidatos necesarios para formar el jurado, que ahora está compuesto por nueve miembros y dos suplentes.
El Ministerio Fiscal ha expuesto que el guardia civil realizaba favores a cambio de regalos, como el acceso al Sistema SIGO, utilizado para verificar datos de matrículas de vehículos. En uno de los casos, el agente fue invitado a una montería de jabalíes a cambio de este tipo de información. También se le acusa de crear un pliego de descargo en una denuncia de conducción temeraria y de informar a un empresario del sector hostelero sobre la falta de antecedentes penales de un posible empleado.
Los regalos recibidos a cambio de estos favores incluyeron un jamón y una invitación a una comida, según las interceptaciones telefónicas realizadas por agentes de asuntos internos de la Guardia Civil.
La Fiscalía pide para J.L.G.L. una pena de seis años por un delito continuado de cohecho, cinco años por otro de descubrimiento y revelación de secretos y cuatro años y seis meses más por falsedad documental. Asimismo, para su cuñado, se solicitan seis años y medio por cohecho e inducción al delito de descubrimiento y revelación de secretos, mientras que el resto de los acusados enfrentan proposiciones de pena por cohecho y falsedad documental.
