El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha resaltado el positivo ambiente de trabajo durante la reunión mantenida este miércoles con los representantes de las comunidades autónomas, con el fin de abordar la gestión del uso de dispositivos móviles en los centros educativos. Durante el encuentro se discutió la creciente necesidad de abordar la preocupación social que representa el uso de teléfonos móviles en los colegios, según informes del Ministerio.
No obstante, las comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular han expresado su discrepancia, argumentando que la propuesta ministerial de prohibir los móviles en los colegios de España es una medida que se implementa con retraso, puesto que ya se encuentra en vigor en diversas regiones. De igual manera, han criticado que la ministra Pilar Alegría llevara a cabo dicha propuesta durante una reunión considerada «informal» en lugar de convocar una Conferencia Sectorial para tratar el asunto.
Desde el Ministerio se asegura que la reunión transcurrió en un ambiente cordial y que reflejó la preocupación común tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas. Hasta el momento, siete territorios de España, incluyendo Ceuta y Melilla, ya han establecido su propia normativa sobre el uso de dispositivos móviles, mientras que otros están en fases de discusión con sus correspondientes consejos escolares y con la comunidad educativa. Otros cuatro territorios cuentan con ciertas regulaciones previas.
La ministra Alegría presentó la propuesta del Ministerio a las comunidades autónomas enfatizando la necesidad de una actuación coordinada frente a esta preocupación social. Su intención es llegar a un consenso que permita establecer unas bases comunes que, respetando la autonomía de cada comunidad, faciliten la elaboración de recomendaciones o instrucciones en un tema de vital importancia para la sociedad.
La propuesta del Ministerio sugiere una restricción total del uso de móviles en etapas de Infantil y Primaria, limitando su uso a actividades educativas supervisadas por docentes en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, siempre considerando excepciones. Además, se ha planteado que en enseñanzas postobligatorias sean los propios centros educativos quienes decidan sobre el uso de estos dispositivos.
Para concluir, el Ministerio de Educación ha destacado que la reunión ha reconfirmado el interés de la comunidad educativa en ofrecer una respuesta unificada a esta problemática, y ha evidenciado que las medidas que se están adoptando y desarrollando son coherentes con las recomendaciones del Consejo Escolar y los objetivos del propio Ministerio.
