La Consejería de Consumo de Castilla-La Mancha ha implementado una serie de cambios significativos en su estructura orgánica y en las competencias que maneja, con el fin de integrar de manera más efectiva las responsabilidades en materia de consumo, que se unieron al organismo durante la formación del gobierno en julio del año 2023. Según se dio a conocer en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y fue divulgado por la agencia Europa Press, dichas modificaciones afectan directamente el decreto que rige la organización interna y las funciones de la Consejería, que está bajo la dirección de Jesús Fernández.
La resolución introduce novedades como la Comisión Regional de Distintivos a las Mejores Prácticas en materia de Consumo, que se encargará de otorgar reconocimientos a empresas que demuestren excelencia en sus prácticas de consumo, y la creación de un registro para dichos distintivos. Adicionalmente, se establece el Foro Regional de reducción del desperdicio de alimentos, que se constituye como un órgano colegiado adscrito a la Consejería con la meta de promover la reducción de residuos alimentarios y mejorar la distribución de alimentos en la región.
La Consejería también ha establecido como una de sus competencias la promoción de medidas destinadas a evitar el desperdicio de alimentos, a la vez que se apoya la redistribución de los mismos, aspecto fundamental en el ámbito de la seguridad y la soberanía alimentaria en Castilla-La Mancha.
Por otro lado, se remarca la asignación de responsabilidades a la Dirección General de Salud Pública en su papel de autoridad competente. Esta entidad asegura el cumplimiento de los requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y adeudos domiciliados en euros, de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, se enfoca en la tramitación de procedimientos extrajudiciales de reclamaciones, con el objetivo de resolver conflictos relacionados con los derechos y obligaciones de usuarios consumidores o microempresas en el sector de los servicios de pago.
La Dirección también tiene el cometido de verificar periódicamente el cumplimiento de los servicios de conectividad proporcionados por las operadoras de telecomunicaciones, coordinar las acciones contra prácticas comerciales desleales y fraudes alimentarios, y manejar el arbitraje en el transporte terrestre.
La Consejería de Consumo ha asegurado que los cambios reflejados en la modificación del decreto ya han entrado en vigor y están actualmente operativos. Con estas acciones, Castilla-La Mancha busca reforzar su compromiso con la protección de los consumidores y el fomento de un consumo responsable y sustentable en el territorio.
