La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha expresado su disposición para dialogar con el sector de las residencias privadas sobre un posible aumento en la financiación de 14 a 16 millones de euros. Este aumento permitiría a las residencias gestionar de manera más eficiente las plazas concertadas en la comunidad autónoma.
García Torijano ha manifestado que las conversaciones con el sector son constantes y se prevé una próxima reunión para abordar esta y otras cuestiones. Reconoce que es natural que las patronales reivindiquen más fondos para ofrecer un mejor servicio en las plazas concertadas.
Actualmente, hay casi 20.000 plazas en residencias de Castilla-La Mancha financiadas con fondos públicos. La consejera ha abogado por seguir promocionando las prestaciones vinculadas que ofrecen a las personas mayores la libertad de elegir la residencia que deseen.
La consejera ha recordado la colaboración vigente con el sector privado, que cuenta con precios establecidos de acuerdo con la patronal y que han experimentado un aumento cercano al 20% en comparación con los precios del acuerdo marco de la era de Cospedal. Subraya que el precio es estable y evita que las empresas compitan a la baja por más plazas.
García Torijano ha señalado que, aunque es prioritario seguir mejorando la financiación, la extensa red existente permite a muchas empresas tener la mayoría de sus plazas financiadas por la administración. Este año no ha habido renuncias a las plazas, sino que hay una demanda creciente.
Estos comentarios los ha hecho antes de inaugurar las Jornadas Jurídicas de Discapacidad en Cuenca, coincidiendo con el sexto aniversario de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha. La consejera ha enfatizado la importancia de esta legislación, destacando el compromiso de Emiliano García-Page y su rol en la protección de individuos con discapacidad y sus familias.
La consejera asegura que la ley está cumpliendo con todas las necesidades y pone en relieve el apoyo de fundaciones tutelares en la toma de decisiones jurídicas de estas personas. El objetivo es continuar el desarrollo y ajuste de la ley para sincronizarla con la legislación estatal y mantenerla como referencia en el ámbito nacional.
Finalmente, las jornadas han tenido lugar en el salón de actos de la Delegación de Educación en Cuenca, donde se ha profundizado en la aplicación práctica de la Ley de Discapacidad desde una perspectiva jurídica.
