La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha participado en la primera reunión presencial del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, posterior al proceso electoral llevado a cabo en julio. Durante el encuentro, se ha abordado la mejora de la financiación para Castilla-La Mancha en 4,6 millones de euros, destinados al ‘Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión’ dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según ha informado el Gobierno regional, con el reparto acordado hoy, Castilla-La Mancha recibirá un total de 52.455.317 euros para el año 2023. Esta cifra significa un aumento de 4,6 millones de euros con respecto a la cantidad prevista en el Convenio firmado con el Ministerio, que ascendía a 47.782.000 euros.
Estos fondos adicionales se destinarán a financiar proyectos de inversión relacionados con la implementación de nuevos servicios de teleasistencia, la transformación tecnológica, el fortalecimiento de la atención a la infancia, la protección residencial y las familias de acogida, así como la innovación en los servicios sociales, entre otros.
En otro orden de asuntos tratados durante la reunión, se informó sobre la distribución del tramo autonómico de las subvenciones de interés general correspondiente al 0,7% del IRPF y del Impuesto de Sociedades para el año 2023. En el caso de Castilla-La Mancha, se han asignado 15,3 millones de euros, lo que supone un aumento de 1,4 millones con respecto a la convocatoria anterior y un incremento del 57% en comparación con 2017, cuando comenzaron a gestionarse estos proyectos desde las comunidades autónomas.
Estos recursos económicos permitirán financiar iniciativas de interés general en diversos ámbitos, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos castellano-manchegos. El incremento en la asignación de fondos refleja el compromiso del Gobierno regional con el bienestar social y la atención de las necesidades de la población más vulnerable.
La participación de la consejera Bárbara García Torijano en esta reunión es un claro ejemplo del compromiso de Castilla-La Mancha con la mejora de los servicios sociales y el impulso de políticas inclusivas. La gestión eficiente de los recursos y la búsqueda de nuevas vías de financiación son clave para garantizar una atención adecuada a las personas que más lo necesitan.
