En un giro inesperado en la trágica secuela de un tiroteo escolar en Winsor, Georgia (EEUU), que dejó cuatro personas muertas, las autoridades procedieron a la detención de Colin Gray, de 54 años, bajo graves acusaciones que vinculan directamente su responsabilidad en los eventos que llevaron a este horrendo acto perpetrado por su hijo adolescente. Chris Hosey, director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, anunció en conferencia que el progenitor enfrenta cuatro cargos de homicidio involuntario, sumado a dos cargos de asesinato en segundo grado y ocho cargos de crueldad infantil, insinuando una negligencia significativa por parte del padre al permitir que su hijo, Colt Gray de 14 años, tuviera acceso a un arma de fuego.
La comunidad educativa de la secundaria Apalachee y la localidad de Winsor siguen lidiando con las secuelas del tiroteo perpetrado por Colt, quien utilizó un rifle semiautomático AR-15 para cometer el acto. Las víctimas del violento suceso han sido identificadas como dos estudiantes, Christian Angulo y Mason Schermerhorn, ambos de 14 años, y dos profesores de matemáticas, Christina Irimie, de 53 años, y Richard Aspinwall, de 39.
Este incidente no solo ha desatado un profundo dolor entre los seres queridos de los fallecidos y la comunidad en general, sino que también ha revivido el debate sobre la responsabilidad de los padres en la posesión y acceso a armas de fuego en los hogares. Resulta relevante destacar que, hace aproximadamente un año, el FBI había investigado a Colt Gray por amenazas en línea de perpetrar un tiroteo escolar, aunque en aquel entonces tanto él como su padre negaron cualquier responsabilidad, asegurando que las armas en su hogar estaban aseguradas y fuera del alcance del menor.
Esta no es la primera vez que en Estados Unidos se procede legalmente contra los padres de un menor autor de un tiroteo escolar. Hace eco el caso del tiroteo escolar en Michigan en 2021, donde Ethan Crumbley, también menor de edad, mató a cuatro estudiantes, llevando a que sus padres fueran acusados y condenados por homicidio involuntario. Este precedente jurídico subraya el creciente escrutinio y las expectativas legales sobre los padres para prevenir tales tragedias.
Mientras el pueblo de Winsor se encuentra de luto, el caso también ha puesto en relieve otros incidentes preocupantes en el estado, con arrestos relacionados a amenazas de violencia en diversas escuelas de Georgia. En este contexto de duelo y reflexión, el sheriff del condado de Barrow, Jud Smith, capturó el sentimiento general al expresar la conmoción y el dolor profundo de una comunidad devastada no sólo por la pérdida de vidas, sino también por la dimensión del acto «malvado» de un joven y las implicancias más amplias que esto conlleva sobre la violencia armada en los entornos escolares. Con siete heridos todavía recuperándose y el impacto psicológico duradero en estudiantes, personal y familias, Winsor se suma a la lista de comunidades forzadas a confrontar estas realidades desgarradoras.
