En un giro sorprendente que ha sacudido los cimientos de una de las familias más conocidas y poderosas de Italia, la Fiscalía de Turín ha procedido al embargo de 74,8 millones de euros en propiedades y otros bienes pertenecientes a los tres nietos de Gianni Agnelli, el emblemático dirigente de FIAT. Entre los afectados por esta medida se encuentran John Philip Elkann, actual presidente del coloso automotor Stellantis y CEO de Exor, compañía holding de la familia Agnelli, y sus hermanos Lapo Edovard y Ginevra. La lista de implicados se extiende al presidente del club de fútbol Juventus, Gianluca Ferrero, y al notario suizo Urs Robert von Grünigen.
Este embargo preventivo llega como consecuencia directa de una serie de acusaciones en contra de estos individuos, que incluyen delitos de fraude fiscal y estafa contra el Estado italiano. Estas acusaciones forman parte de un comunicado emitido por la Fiscalía, que detalla la naturaleza y el contexto de las medidas tomadas.
Este drama legal no es más que el último episodio de una larga y complicada disputa que ha enfrentado Margherita Agnelli, hija y heredera de Gianni Agnelli y Marella Caracciolo, contra sus propios hijos -John, Lapo y Ginevra Elkann- nacidos de su matrimonio con el periodista Alain Elkann. El origen del conflicto se remonta al año 2004 cuando Margherita Agnelli aceptó un acuerdo por 1.300 millones de euros, decisión que más tarde impugnaría, dando inicio a una pugna legal con profundas ramificaciones familiares y financieras.
La investigación liderada por el fiscal de Turín, Giovanni Bombardieri, ha sacado a la luz una cantidad significativa de documentación contable y electrónica que sugiere seriamente la posibilidad de que se hayan cometido actos de fraude fiscal y daños al Estado. De particular interés en estas investigaciones es el hecho de que Marella Agnelli, fallecida en 2019, había tenido una residencia estable en Italia desde al menos 2010, y no en Suiza como se había afirmado anteriormente, lo que implica que el reparto de su herencia debería haberse regido por la ley italiana y no por la legislación suiza.
El fiscal sostiene la teoría de que existió un «esquema criminal» cuyo objetivo era eludir las leyes de sucesión italianas, camuflando la residencia italiana de Marella Agnelli hasta su muerte. Esta estrategia habría permitido a los implicados evitar declarar cantidades significativas al fisco, correspondientes a 42,8 millones de euros por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y otros 32 millones por evadir el impuesto de sucesiones y donaciones sobre un total estimado en 800 millones de euros.
Este caso pone en relieve no solo las complejidades legales y las disputas familiares internas que pueden surgir en torno a las grandes fortunas y herencias, sino también la determinación de las autoridades fiscales italianas para hacer frente al fraude fiscal y garantizar el cumplimiento de las leyes de sucesión del país. A medida que avanza la investigación, los ojos de Italia y del mundo financiero internacional permanecen atentos a las repercusiones que este caso podría tener en el legado y el futuro de una de las dinastías empresariales más influyentes del país.
