En un movimiento sin precedentes, el presidente de los Estados Unidos ha emitido una orden ejecutiva condenando las acciones del gobierno sudafricano, que han suscitado preocupaciones sobre la violación de los derechos humanos y la amenaza a la seguridad nacional. La medida se produce tras la promulgación de la Ley de Expropiación 13 de 2024 en Sudáfrica, que permite al gobierno confiscar tierras agrícolas de minorías étnicas, particularmente de los afrikaners, sin ofrecer compensación. Esta legislación ha generado un intenso debate tanto a nivel interno como internacional, dado su impacto en la propiedad y los derechos de los ciudadanos.
La reciente ley es considerada un reflejo de una serie de políticas gubernamentales que han contribuido a desmantelar la equidad en áreas como el empleo y la educación. A juicio de muchos, la retórica y las acciones del gobierno sudafricano han alimentado un ambiente de violencia desproporcionada contra los propietarios de tierras que no pertenecen a la mayoría racial. Este contexto ha llevado a los Estados Unidos a revisar su relación con Sudáfrica, advirtiendo que no se puede apoyar a un gobierno que lleva a cabo tales violaciones de derechos.
La orden ejecutiva establece claramente que, mientras Sudáfrica mantenga estas prácticas «injustas e inmorales», el país norteamericano no proporcionará ningún tipo de ayuda ni asistencia a la nación africana. Además, el documento resalta el compromiso de Estados Unidos de promover el reasentamiento de los afrikaners que están huyendo de la discriminación racial respaldada por el gobierno.
Por otro lado, se han estipulado medidas concretas. Todos los departamentos y agencias gubernamentales de EE. UU. deben suspender la asistencia extranjera a Sudáfrica, exceptuando aquellas situaciones que consideren necesarias para proteger los intereses del país. Los titulares de estas agencias tienen la facultad de permitir la provisión de ayuda en circunstancias especiales, pero bajo una vigilancia estricta.
Adicionalmente, se ha indicado que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional deberán priorizar la ayuda humanitaria para los afrikaners afectados por esta discriminación, facilitando su entrada y reasentamiento en los Estados Unidos a través del Programa de Admisiones de Refugiados.
La reacción a esta orden ha sido variada, con críticas y alabanzas en igual medida. Mientras algunos ven la medida como un compromiso necesario en la defensa de los derechos humanos, otros advierten sobre las posibles repercusiones de confrontar abiertamente a un socio en la región de África.
La situación en Sudáfrica, marcada por esta polémica ley y la respuesta estadounidense, pone de relieve una creciente preocupación sobre el impacto de las políticas internas en las relaciones internacionales y subraya la complejidad de las dinámicas raciales en el país. Con el tiempo, estas decisiones podrían redefinir tanto la política interna sudafricana como las alianzas internacionales, en un momento en que la historia global se entrelaza intrínsecamente con los desafíos éticos y humanitarios.
Fuente: WhiteHouse.gov
