El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha ratificado una sentencia que obliga al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a indemnizar con 200.000 euros a los padres de una bebé prematura que falleció en Almansa debido a una bronquiolitis grave. El tribunal concluyó que existían posibilidades de haber realizado un diagnóstico más certero que hubiera prevenido su muerte.
La sentencia, divulgada por Europa Press, destaca tres momentos en los que la menor recibió atención médica: en un centro de salud de Almansa, en dos ocasiones en el Hospital de Almansa y en una última traslación en UVI móvil tras la llamada de los padres al número de emergencias 112. Según los magistrados, «de haberse conocido con anterioridad» la posibilidad de un diagnóstico de bronquiolitis, «las probabilidades de que el fatal resultado pudiera haberse evitado son extremadamente altas».
La sentencia detalla que, considerando los antecedentes de prematuridad de la bebé y sus síntomas, los profesionales médicos debieron haber considerado la opción de ingresarla o al menos mantenerla en observación. La resolución subraya que, aunque el pediatra no contaba con un diagnóstico claro, «hubiera sido oportuno realizar alguna exploración complementaria más, como analítica sanguínea y/o gases venosos, e incluso radiografía de tórax».
La bebé, identificada como A.M.M., nació prematura a las 33 semanas de gestación el 29 de septiembre de 2018. En su primera visita al centro de salud el 13 de diciembre, le diagnosticaron nasofaringitis aguda y, en una posterior visita al hospital ese mismo día, se le atribuyó un catarro en vías altas. Dos días después, y a pesar de los síntomas persistentes y el episodio de apnea, fue dada de alta nuevamente con el mismo diagnóstico. El 16 de diciembre, los padres llamaron al 112 debido a dificultades respiratorias, y la bebé fue trasladada de urgencia al Hospital General de Almansa, donde finalmente falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria como consecuencia de bronquiolitis grave.
La sentencia también considera el sufrimiento que atravesaron los padres al tener que recurrir a los servicios médicos en varias ocasiones sin obtener un diagnóstico adecuado. Sin embargo, se aclara que las actuaciones médicas del 13 de diciembre fueron correctas.
El fallo, emitido en febrero, ha adquirido firmeza al no presentar el Sescam un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, una vez transcurrido el plazo de treinta días. El proceso judicial se inició en 2019 con una reclamación de responsabilidad patrimonial por el fallecimiento de A.M.M., que fue desestimada inicialmente. Posteriormente, los progenitores lograron que su apelación fuese aceptada por el TSJCM, que revocó la decisión anterior y condenó al Sescam a indemnizar a cada uno de los padres con 100.000 euros más los intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa.
