El próximo martes, 2 de julio, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo será sede del juicio contra D.J.D.S., acusado de cometer un presunto delito de tráfico de drogas, por el que podría enfrentar una pena de cinco años de cárcel. El Ministerio Fiscal, según informa Diario CLM, ha señalado que el 19 de mayo de 2022, aproximadamente a las 20.45 horas, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se dirigieron a un establecimiento en Talavera de la Reina, bajo la sospecha de que el encargado del bar estuviera distribuyendo substancias estupefacientes, contando con información previa al respecto.
Durante la operación, y habiéndose identificado como autoridades, los agentes encontraron y confiscaron en la caja registradora del local dos paquetes de plástico termosellados que contenían 1,62 gramos de cocaína y 75 euros en efectivo, además de una báscula de precisión guardada en un cajón bajo la caja. Asimismo, en un botiquín localizado en un mueble del salón, los policías hallaron una bolsa con 31,42 gramos de cocaína y otra báscula de precisión con residuos de una sustancia blanca.
Según se valora, estas substancias estupefacientes estaban destinadas para su venta ilegal y poseían un valor en el mercado ilícito de 168,30 euros para los 1,62 gramos de cocaína, y de 3.387,94 euros para los 31,41 gramos, también de cocaína. Ambos alijos, considerando su concentración y la cantidad total, se encontraban listos para su distribución. Por otro lado, fue incautada la cantidad de 610 euros encontrados dentro de un bolso ubicado tras la barra del local.
Según el fiscal, la droga requisada junto con las básculas de precisión ocupadas, evidencian su uso para la preparación y venta de papelinas de cocaína. A su vez, argumenta que el dinero encontrado sería producto de las ventas realizadas en esta actividad ilícita.
Como resultado, la Fiscalía califica los sucesos de un delito contra la salud pública, enfocándose en el tráfico de sustancias que generan un grave daño a la salud, y propone la imposición de una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación especial para ejercer el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, sostiene que se le debe imponer una multa de 10.668,72 euros, con el riesgo de asumir 30 días de responsabilidad subsidiaria en caso de no ser pagada dicha multa, y el costo total de las costas procesales del juicio.
