Comunidades ribereñas alertan sobre la gestión prudente del nivel ‘aceptable’ de los embalses para prevenir su explotación indebida

Ribereños avisan de que la "aceptable" situación de los embalses no debe verse como una oportunidad "de expolio"

La Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía ha manifestado su preocupación por la gestión de las aguas almacenadas en estos embalses, señalando la situación actual, en la que se encuentran al 35% de su capacidad, como una oportunidad para iniciar una recuperación sostenible y evitar el «expolio» de sus recursos hídricos.

En un comunicado, los municipios ribereños llaman la atención sobre la necesidad de mantener una reserva mínima estable de 1.000 hectómetros cúbicos en los embalses, un nivel que consideran indispensable para la gestión a largo plazo de los mismos y para asegurar la salud del río Tajo. La Asociación hace hincapié en que el agua es un bien del Tajo y subraya su importancia en los períodos de sequía cada vez más recurrentes debido al cambio climático.

El presidente de la Asociación, Borja Castro, declaró la «obligada necesidad de cambiar urgentemente las reglas de explotación del Trasvase» y enfatizó en la posibilidad que se presenta para «comenzar un nuevo ciclo de gestión sostenible, acorde a los retos a los que nos enfrentamos ya en este escenario de cambio climático».

Los embalses son considerados de gestión plurianual y deben cumplir su función reguladora que permite soportar hasta cinco años de sequía. La Asociación demanda un enfoque que satisfaga las necesidades de la cuenca cedente y garantice el suministro de agua para consumo humano, así como para mantener los caudales ecológicos necesarios para la salud del río.

Castro aboga por «una gestión más eficiente» que evite el trasvase de agua hacia el Levante cuando existen otras alternativas viables y sostenibles que permitan a la cuenca del Tajo desarrollarse sin un uso privativo del agua, propiedad del río y no de los regantes industriales.

Por último, desde la Asociación se solicita al Ministerio de Transición Ecológica y a la sociedad en general que consideren el coste social marginal de la agroindustria al evaluar las consecuencias económicas del cierre o la disminución del trasvase, para avanzar hacia una política de agua más equitativa y sostenible.

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