El Gobierno de Castilla-La Mancha ha implementado una estrategia inclusiva al celebrar este sábado en Toledo las pruebas selectivas para personas con discapacidad intelectual. Un total de 421 candidatos han participado en la convocatoria para ocupar una de las 33 plazas destinadas a la Administración General: 19 de auxiliar administrativo y 14 de personal de limpieza y servicios domésticos. Estas plazas forman parte de las ofertas de empleo público ordinarias de los años 2021 y 2022.
El evento ha llegado después de un proceso inaugural, llevado a cabo hace dos años, que resultó en una experiencia exitosa para Castilla-La Mancha. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, destacó en sus declaraciones la importancia de replicar un proceso anterior “satisfactorio para todos”. Las adaptaciones realizadas en los exámenes incluyen la preparación de los espacios, ajuste en la duración de las pruebas y la simplificación de los temarios, optando por un formato de «lectura fácil».
Durante el anuncio, Ruiz Molina estuvo acompañado por José Narváez, director general de Función Pública, y Silvia Fernández, delegada provincial del mismo departamento, enfatizando cómo estas políticas inclusivas deben extenderse al acceso a la función pública. Recordó que los 65 candidatos seleccionados en el proceso anterior recibieron tutelaje en sus primeras semanas de incorporación, apoyo que fue posible gracias a la colaboración de CERMI y Plena Inclusión Castilla-La Mancha.
Se ha hecho eco de que la incorporación de 65 personas con discapacidad intelectual al sector público, es el resultado de una enmienda a la Ley de Empleo Público local promovida por el gobierno regional. Este hito subraya la convocatoria como “la más importante de la historia” en el área de Administración General, contando con la oferta de 2.332 puestos de trabajo, los cuales se han adjudicado sin dificultades ni incidencias.
Respecto al compromiso continuar con la generación de empleo, Ruiz Molina confirmó que durante esta legislatura se proyecta la aprobación de 12.000 nuevas plazas de empleo público, apuntando que 5.000 serán en Sanidad y 3.000 en Educación. El propósito subyacente de estas ofertas es la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos, así como la estabilización de las plantillas y la reducción de la temporalidad laboral.
Por su parte, la presidenta de CERMI Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, manifestó la importancia de los procesos selectivos adaptados para garantizar el acceso a la función pública a este colectivo. La alta participación proveniente de distintas partes de España destacó el avance de Castilla-La Mancha en este ámbito frente a otras comunidades autónomas.
