Comienza la tramitación de la ley de simplificación administrativa en C-LM que agilizará más de 150 procedimientos

Comienza la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa de C-LM, que agilizará más de 150 procedimientos

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo hacia la modernización de la Administración regional con la aprobación del Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, que se encuentra ahora en proceso de tramitación parlamentaria. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, destacó en rueda de prensa que esta normativa busca transformar la Administración en una entidad más moderna y accesible, eliminando la burocracia innecesaria que puede convertirse en un obstáculo para los ciudadanos y las empresas.

Padilla explicó que el objetivo de la ley es agilizar la Administración regional, haciéndola más cercana a la ciudadanía. Para ello, se han revisado más de 400 procedimientos administrativos con el fin de identificar aquellos que pueden ser simplificados o eliminados. Se prevé que, con la aprobación de esta ley, el Gobierno pueda actuar en más de 150 procedimientos administrativos, mejorando así la eficiencia del servicio público.

Entre los cambios propuestos, se incluye la sustitución del silencio administrativo negativo por uno positivo en más de 100 procedimientos, lo que implica que si la Administración no responde, se considerará que se ha autorizado el trámite solicitado. Además, para alrededor de 40 trámites, se permitirá la presentación de una declaración responsable en lugar de exigir documentación compleja, lo que facilitará el acceso a los servicios.

La norma también incorpora la figura de entidades colaboradoras, que podrán ayudar en la gestión de trámites y la presentación de documentación. Estas entidades no privatizan la función pública, sino que funcionan como apoyo para agilizar los procesos administrativos, a menudo a través de entidades bancarias.

Otro aspecto relevante es la digitalización de la Administración, que se plantea no solo como un medio para agilizar trámites, sino como una estrategia para centrar la atención en el ciudadano. La ley contempla el uso de inteligencia artificial para optimizar la prestación de servicios, garantizando seguridad jurídica para empleados públicos y usuarios.

Finalmente, se ha diseñado un «espacio ciudadano», que se presentará como una plataforma digital donde individuos y entidades podrán acceder a sus trámites, seguir el estado de los mismos y realizar gestiones de forma sencilla y efectiva, representando un avance significativo en la transparencia y la accesibilidad de la Administración pública en Castilla-La Mancha.

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