El Gobierno de Castilla-La Mancha busca avanzar en la atención a la dependencia
En una reciente reunión de trabajo en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en Madrid, la consejera de Bienestar Social, Bárbara Garcia Torijano, ha trasladado al Ejecutivo Central la necesidad de seguir avanzando en materia de Atención a la Dependencia y en el compromiso de atender la financiación de este Sistema de forma corresponsable entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas.
En la reunión, se trató, entre otros asuntos, los avances en la aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia, y se destacó la importancia de la corresponsabilidad en la financiación para poder seguir mejorando las prestaciones y los servicios a los ciudadanos en la región de Castilla-La Mancha. En esta región, se superan las 97.000 prestaciones y se atiende a más de 72.000 ciudadanos, con tiempos medios de valoración de la dependencia que son muy inferiores a la media nacional y con una lista de espera muy reducida del 3.3 por ciento.
La consejera también agradeció el esfuerzo del Gobierno de España en la pasada legislatura por incrementar el Nivel Mínimo y por recuperar el Nivel Acordado que en tiempos pasados el Partido Popular decidió eliminar. Asimismo, valoró la evolución presupuestaria realizada, que actualmente alcanza el 30 por ciento de la financiación con respecto a lo que se destina en Castilla-La Mancha en materia de Dependencia.
Otro de los aspectos importantes tratados en la reunión fue la mejora y adecuación del Acuerdo de Acreditación y Calidad de Centros y Servicios, que se aprobó en la pasada legislatura. La consejera destacó la importancia de adaptarlo a las comunidades autónomas y a las necesidades de los ciudadanos, remarcando que cada región es diferente en sus territorios.
En este sentido, la consejera agradeció al Ministro la posibilidad de mantener este primer encuentro de la legislatura y expresó su deseo de mantener una colaboración estrecha, coordinada y fructífera a lo largo de estos cuatro años, ya que tanto para el gobierno de España como para el de Castilla-La Mancha los derechos sociales son una pieza fundamental en sus políticas.
En conclusión, se busca avanzar en el compromiso de atender la financiación de la Atención a la Dependencia de manera corresponsable entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, con el objetivo de seguir mejorando las prestaciones y servicios a los ciudadanos en la región de Castilla-La Mancha.
