La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha mantenido una reunión de trabajo con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la que ha expresado la necesidad de continuar progresando en la atención a la dependencia y de asegurar que la financiación del sistema sea compartida equitativamente entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede del Ministerio en Madrid, se trataron temas relevantes como los avances en la implementación de la Ley de Atención a la Dependencia. García Torijano, acompañada por altos cargos de la viceconsejería, destacó la importancia de la corresponsabilidad financiera para mejorar los servicios y prestaciones a los ciudadanos de la región. Resaltó que Castilla-La Mancha ya ofrece más de 97,000 prestaciones y atiende a más de 72,000 personas, con tiempos de valoración de dependencia que promedian 190 días y una lista de espera del 3.3%, datos que sitúan a la comunidad autónoma como referente en la materia.
La consejera también agradeció al Gobierno de España el incremento en la financiación efectuado durante la pasada legislatura y la recuperación del Nivel Acordado de financiación, suprimido anteriormente por el Partido Popular. Destacó la contribución presupuestaria del Estado que, aunque actualmente representa el 30% de lo invertido por la Junta en dependencia, es un avance significativo.
García Torijano apuntó que otro tema crítico discutido con el ministro fue la adecuación del Acuerdo de Acreditación y Calidad de Centros y Servicios. Subrayó la necesidad de adaptar este acuerdo a las particularidades de cada comunidad autónoma y a las necesidades de los ciudadanos, reconociendo la complejidad de establecer un modelo uniforme.
La titular de Bienestar Social agradeció la oportunidad de este encuentro inicial de la legislatura y manifestó su deseo de una colaboración continua y fructífera con el ministro. Concluyó enfatizando que tanto para el gobierno de España como para Castilla-La Mancha, los derechos sociales son un pilar esencial en sus políticas y deberán seguir abordándose de manera conjunta y colaborativa.
