El Gobierno de Castilla-La Mancha ha encargado a un estudio de arquitectura un diseño visual que ilustra las consecuencias negativas que la opción ‘Toledo central’ del AVE Madrid-Lisboa tendría sobre el patrimonio de Toledo. Esta alternativa propone utilizar la estación de ferrocarril de Santa Bárbara, lo que implicaría que la línea ferroviaria pase por la zona del Salto del Caballo. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha afirmado en una rueda de prensa que existen «enormes carencias» en esta opción, resaltando que no se ha respetado la legislación en materia de protección paisajística ni el plan especial de protección del Casco Histórico de la ciudad.
Durante su intervención, Hernando mostró las imágenes generadas por el estudio, enfatizando que la entrada del tren desde Madrid requeriría un puente de 26 metros de altura, lo que generaría un «muro visual» frente a una ciudad con dos mil años de historia. El consejero criticó a los responsables técnicos, quienes, en su opinión, subestiman el impacto visual que tendría la obra, afirmando que esto no puede ser aceptable.
Además, destacó que la diferencia de altura entre el puente de Azarquiel y el proyectado para la nueva línea rompería con la imagen más emblemática y protegida de Toledo. Hernando también mencionó que han mantenido conversaciones con el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), que les han alentado a seguir defendiendo su postura en contra de este proyecto.
Por otro lado, el consejero ha dejado claro que el Gobierno autonómico siempre ha estado a favor de la estación de Santa Bárbara. En un giro más polémico, criticó al ministro de Transporte, Óscar Puente, a quien considera «desinformado» debido a la información proporcionada por los técnicos sobre la línea de alta velocidad. Hernando agregó que el ministro, tras comprender la situación, llegó a la conclusión de que «esto no puede ser».
Finalmente, Hernando instó al Ministerio a reconocer la «obsesión enfermiza» de algunos técnicos por la opción ‘Toledo central’ y propuso buscar un consenso que evite el «atropello» al patrimonio toledano después del periodo de alegaciones, que finaliza el 18 de marzo.
