El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado un urgente llamado a la necesidad de financiación adecuada para la acogida de menores migrantes, enfatizando que no se pueden aplicar políticas de «low cost» ante una cuestión tan sensible. La consejera de Bienestar Social de la región, Bárbara García Torijano, expresó estas inquietudes a los medios de comunicación tras la suspensión de la conferencia sectorial de Infancia, la cual no logró reunir el quórum necesario debido a la ausencia de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, a excepción de Ceuta.
García Torijano informó que la ministra Sira Rego tiene la intención de presentar nuevamente el Real Decreto-ley 2/2025 ante el Congreso de los Diputados el próximo 26 de agosto. Este decreto busca la implementación de medidas urgentes que garanticen el interés superior de la infancia y la adolescencia en el contexto de contingencias migratorias extraordinarias.
La consejera expuso que la acogida de casi 4.000 menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Canarias y Ceuta requeriría una inversión aproximada de 250 millones de euros. Sin embargo, la ministra y el secretario de Estado han indicado que solo se ha solicitado una asignación de 100 millones de euros al Ministerio de Hacienda. Según García Torijano, con esta cantidad, Castilla-La Mancha recibiría aproximadamente 4 millones de euros destinados a la atención de 320 menores, lo que implica un coste diario de aproximadamente 35,75 euros por menor. Esto contrasta con los 145 euros diarios que se gestionaban en los planes de contingencia previamente establecidos con el ministerio.
La consejera subrayó la dificultad de atender la situación actual si se mantiene un recorte del 80% en la financiación. García Torijano hizo un énfasis en la igualdad de derechos y necesidades de todos los menores, independientemente de su estatus, afirmando que todos merecen el mismo nivel de cuidado y atención.
