CLM Inclusiva y COCEMFE reclaman al Gobierno una financiación estable para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad

Tras conocer la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones del tramo estatal del 0,7 para proyectos en 2025, Castilla-La Mancha Inclusiva junto con COCEMFE y su Movimiento Asociativo han hecho un llamamiento al Gobierno para que garantice una financiación suficiente y estable que permita a las entidades seguir promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad física y orgánica.

Durante la reunión del Órgano de Representantes de Entidades Estatales (OREE) de COCEMFE, celebrada este martes, se destacó que la financiación destinada a estos proyectos ha sufrido un descenso de casi un 40% en los últimos cuatro años. Además, se ha concedido solo un 27% del importe solicitado para los 69 proyectos que COCEMFE y sus entidades realizarán en 2025. Esta resolución afecta especialmente a las organizaciones estatales que atienden a personas con enfermedades muy discapacitantes o minoritarias.

Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, señaló que esta situación perjudica la labor de las entidades, sobre todo las más pequeñas, que se ven obligadas a destinar recursos a tareas burocráticas en lugar de centrar sus esfuerzos en atender a personas en situación de mayor vulnerabilidad. “La falta de financiación y el exceso de burocratización deterioran la atención a nuestro grupo social”, afirmó.

Por su parte, Enrique Alarcón, presidente de CLM Inclusiva, mostró su apoyo a la reivindicación de COCEMFE y pidió un aumento de los fondos para que las organizaciones de personas con discapacidad puedan seguir defendiendo sus derechos y manteniendo los servicios y puestos de empleo.

El trabajo de COCEMFE y su Movimiento Asociativo representa a más de 2,6 millones de personas con discapacidad física y orgánica en España, de las cuales más de 1,4 millones se beneficiaron directamente de los servicios y actividades prestados el año pasado. En este contexto, tanto CLM Inclusiva como COCEMFE exigen un cambio en el modelo de financiación, que permita a las organizaciones continuar con su labor de apoyo y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Scroll al inicio