El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su preocupación por el hecho de que la discusión sobre un nuevo modelo de financiación autonómica no sea el tema central en la Conferencia de Presidentes que se lleva a cabo en Barcelona. En este contexto, ha advertido que las arcas de la región no podrán afrontar el incremento de 7.000 millones de euros propuesto por el Gobierno en el nuevo Plan de Vivienda.
El consejero de Fomento del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha expresado su desacuerdo con la distribución de la propuesta, señalando que representa una carga desproporcionada para las autonomías, que tendrían que aportar siete veces más de lo inicialmente comprometido, mientras que el Estado multiplicaría su esfuerzo por 2,8. Hernando ha calificado este cambio como «poco serio» y ha manifestado su preocupación por el hecho de que la propuesta haya sido enviada con tan poca antelación, lo que anticipa que la negociación no finalizará de forma satisfactoria.
«La actual distribución, donde el Estado aporta un 77% y las autonomías un 23%, que luego se transforma en un 60-40, no tiene sentido», ha advertido Hernando, quien también ha dejado claro que Castilla-La Mancha no podrá afrontar esta situación sin un nuevo modelo de financiación. «Para poner un euro en un sitio, hay que quitarlo de otro. Donde antes poníamos 17 millones, ahora se nos piden 112. Tendrán que explicarnos de dónde sale esa cantidad», ha añadido.
En la misma línea, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transición Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha lamentado que la financiación autonómica no haya sido el tema central de la reunión, considerando que todas las políticas públicas dependen de una correcta financiación. Ha subrayado que el sistema actual lleva más de diez años caducado y ha instado a buscar un nuevo modelo en el plazo de tres meses, como se había propuesto en la Conferencia de Presidentes de diciembre en Santander.
Ruiz Molina también ha manifestado su rechazo a las «negociaciones bilaterales» en la materia con otras regiones, como Cataluña, enfatizando que cada comunidad tiene sus singularidades. Reclamó un «reequilibrio» en el volumen de recursos que el Estado debe financiar y los que deben asumir las comunidades autónomas, argumentando que todas las regiones enfrentan una insuficiencia financiera.
Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha expresado su apoyo a la demanda de sus colegas, resaltando la necesidad de un marco financiero adecuado para implementar las nuevas medidas anunciadas en la Conferencia. Ha enfatizado que cualquier iniciativa relacionada con un sistema universitario de calidad debe ir acompañada de la financiación necesaria. En el ámbito de la formación profesional, Pastor ha confiado en que se aumente la aportación estatal para mantener y consolidar la estructura desarrollada en los últimos años.
