El reciente anuncio de la Administración Biden sobre la designación de Ansar Allah, también conocidos como los hutíes, como una organización terrorista extranjera representa un giro significativo en la política exterior de Estados Unidos hacia el conflicto en Yemen. La medida, que se basa en la autoridad expressada por la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Inmigración y Nacionalidad, busca formalizar el estatus de los hutíes en un momento en que sus acciones han desafiado tanto la seguridad regional como la estabilidad de las rutas marítimas globales.
Desde 2023, los hutíes, respaldados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, han sido señalados por la Armada de EE.UU. por disparar a buques de guerra estadounidenses, lo que pone en riesgo la vida de los soldados americanos. Además, desde que capturaron la mayoría de los centros poblacionales de Yemen en 2014 y 2015, han llevado a cabo una serie de ataques devastadores, que han incluido asaltos a infraestructuras civiles y aeropuertos en Arabia Saudita, así como la perpetración de ataques mortales en los Emiratos Árabes Unidos.
El reciente ataque a Israel, donde más de 300 proyectiles fueron disparados desde territorio controlado por los hutíes, ha intensificado la preocupación por su capacidad militar y sus alianzas estratégicas en la región. Este contexto de confrontación armada ha generado inquietudes sobre la seguridad no solo de los ciudadanos estadounidenses en el Medio Oriente, sino también de los aliados regionales, cuyas economías dependen en gran medida de la estabilidad del comercio marítimo a través del estrecho de Bab al-Mandeb.
La política estadounidense ahora se centra en la cooperación con aliados regionales para eliminar las capacidades operativas de los hutíes y reducir su acceso a recursos que les permitan continuar sus ataques. En 30 días, el Secretario de Estado deberá informar al presidente sobre el proceso de designación, lo que podría resultar en acciones concretas para abordar las relaciones de entidades existentes que puedan estar vinculadas a los hutíes a través de ayuda humanitaria y otras iniciativas.
Entre las medidas organizativas, se contempla la revisión de las asociaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Yemen, con el fin de identificar y suspender cualquier proyecto que implique financiación directa a los hutíes o que critique esfuerzos internacionales sin documentar adecuadamente las violaciones de derechos humanos atribuibles a este grupo.
Con este nuevo enfoque, la Administración Biden parece estar intensificando su respuesta a las amenazas representadas por Ansar Allah, mientras busca al mismo tiempo proteger tanto a sus militares como a sus aliados en la región. Esta designación marca un momento crucial en el delicado equilibrio de fuerzas en el Medio Oriente y refleja el compromiso de Estados Unidos de contrarrestar la influencia negativa de actores no estatales en un entorno global cada vez más complejo. La decisión, anunciada en el contexto de una creciente volatilidad internacional, subraya la necesidad de una estrategia clara que aborde tanto los riesgos inmediatos como las implicaciones a largo plazo de la actividad terrorista en la región.
Fuente: WhiteHouse.gov
