El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este jueves la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2025, con una significativa reducción en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana, que bajará del 0,77 al 0,76. Esta medida ha contado con el respaldo unánime de todos los grupos políticos que integran la corporación municipal.
Guillermo Arroyo, portavoz del equipo de Gobierno, remarcó que Ciudad Real ha sido históricamente una de las ciudades con el IBI más elevado de España. En este contexto, destacó el compromiso del Partido Popular y Vox por disminuir la carga fiscal sobre las familias. Arroyo indicó que cada centésima de reducción del IBI implica una pérdida de 400.000 euros anuales para las arcas municipales, lo que llevó a su equipo a planear recortes progresivos en otros impuestos para equilibrar esta disminución.
Además, como parte de las nuevas medidas, se han ampliado las bonificaciones del IBI para familias numerosas, que podrán alcanzar hasta el 90%, en comparación con el 55% actual. Como novedad, las familias monoparentales con dos o más hijos también serán consideradas para estas bonificaciones.
Otra de las iniciativas aprobadas es la implementación de bonificaciones de hasta el 60% en el IBI y el ICIO para atraer empresas al nuevo polígono industrial Oretania. Esta bonificación se aplicará durante tres años y variará según el número de trabajadores contratados y el tipo de empresa, según detalló el portavoz municipal.
Con el fin de simplificar la burocracia y los trámites administrativos, el Ayuntamiento ha decidido eliminar ocho tarifas y derogar dos ordenanzas, de modo que las personas que deseen construir o realizar reformas solo tengan que abonar el ICIO, lo que, según Arroyo, permitirá a los ciudadanos ahorrar tiempo y dinero.
Sin embargo, la oposición ha expresado su desacuerdo y ha advertido que el gobierno municipal, compuesto por PP y Vox, planea aumentar impuestos en 2025. La portavoz del PSOE, Sara Martínez, acusó al alcalde Francisco Cañizares y a sus concejales de «mentir a la ciudadanía», denunciando que se prevé un incremento del 10% en la tasa de suministro de agua, así como un aumento del 17% en el impuesto de basuras.
Eva María Masías, la única concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, también criticó esta última subida y solicitó al equipo de Gobierno que busque asistencia de la Diputación para moderar el aumento, que haría que un vecino que pagaba 88 euros el año pasado deba abonar 103 euros a partir del próximo año.
