Las comunidades del Partido Popular (PP) que participan en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) han decidido emprender acciones legales ante la falta de respuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, respecto a su petición de aumentar el número de plazas en Medicina Familiar y Comunitaria. Este anuncio fue realizado por el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, tras culminar una reunión con García.
Vázquez Ramos aseveró que la indiferencia de la ministra ante su solicitud llevará a las comunidades autónomas del PP a adoptar «medidas de tipo administrativo y legal». Destacó la urgencia del asunto, señalando que la escasez de médicos en atención primaria es un problema crítico que no puede demorarse. Según sus estimaciones, el sistema sanitario en su conjunto requiere entre 5,000 y 6,000 nuevos médicos de medicina familiar y comunitaria para atender la demanda.
En cuanto al reciente consenso sobre el plan de salud mental, el consejero garantizó que el PP está de acuerdo en el mismo, dado que cuenta con el respaldo de diversas sociedades científicas. Sin embargo, hizo hincapié en que la ausencia de profesionales, como psiquiatras y psicólogos clínicos, podría poner en peligro la implementación de este ambicioso plan. De hecho, la comisionada de salud mental expresó su sorpresa al señalar que la viabilidad del plan resulta complicada.
Vázquez Ramos también cuestionó la financiación destinada a este plan, que asciende a 39 millones de euros, lo que se traduce en un gasto de aproximadamente 80 céntimos por ciudadano español. Criticó que esta situación puede percibirse como una mera intención sin respaldo real: «No sé si estamos ante una situación de un brindis al sol o de querer cubrir un expediente».
Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se unió a las críticas, instando a la ministra y a la comisionada a reunirse con las comunidades autónomas para analizar el panorama de profesionales en el área de salud mental con miras a incrementar su número, especialmente en el ámbito de los psicólogos clínicos. Matute también se mostró insatisfecha con la falta de información y el cúmulo de asuntos pendientes que se debieron aplazar durante la reunión, como la distribución presupuestaria para la atención a refugiados.
En conjunto, la postura del PP se centra en la necesidad de desarrollar un plan nacional de recursos humanos que abarque no solo la salud mental, sino también otras especialidades críticas como la medicina familiar y comunitaria.
