El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado las medidas fiscales a otras zonas de la región, lo que significa que 50 municipios más podrán beneficiarse de las deducciones fiscales que contempla la Ley en la próxima declaración de la renta. En la provincia de Albacete se han incluido cinco nuevos municipios: Barrax, Minaya, Fuensanta, Montalvos y Villalgordo del Júcar.
El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado esta medida tras la firma del protocolo para conformar una ‘agenda común’ de lucha contra la despoblación en el marco de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, la principal herramienta de aplicación de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
Esencialmente, se busca implicar al mayor número de entidades cercanas al territorio en la lucha regional contra la pérdida demográfica y evitar duplicidades. Martínez Guijarro ha adelantado que los habitantes de estas cinco localidades de la provincia de Albacete podrán beneficiarse de una incentivación del 20% adicional para los proyectos empresariales que se ubiquen en estos municipios y de deducciones fiscales de hasta el 15% del tramo autonómico del IRPF en la próxima campaña de la renta, que comienza en dos semanas.
La fiscalidad diferenciada es una de las novedades que incluye la Ley de Medidas contra la Despoblación, aprobada por consenso de las Cortes de Castilla-La Mancha en 2021. Con esta ley, el Gobierno regional busca hacer que los pueblos sean lugares llamativos para vivir e invertir, gracias a las medidas de incentivación positiva para el fomento de la actividad económica en estas zonas.
En la provincia de Albacete, la ley beneficia a 68 municipios, 41 de ellos en situación de extrema despoblación, donde reside el 17% de la población total de la provincia. El vicepresidente ha recordado que el presupuesto regional de 2023 cuenta con la primera memoria de impacto demográfico de la historia de España y Europa, que incluye los más de 1.700 millones de euros destinados a la lucha contra la despoblación. Esta cifra representa el 23% del techo de gasto de la Comunidad Autónoma, lo que equivale al 3,6% del PIB de la región.
Según Martínez Guijarro, la colaboración entre instituciones es crucial. Las diputaciones provinciales están haciendo grandes esfuerzos para hacer frente a la pérdida demográfica en sus respectivos territorios. En el caso de la Diputación de Albacete, el esfuerzo inversor se ha cifrado en 43,5 millones de euros en diferentes programas. Con esta ‘agenda común’ se pretende garantizar servicios en las zonas afectadas por la despoblación en la provincia de Albacete mediante un efecto multiplicador en los resultados.
