Los gobiernos autonómicos de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla-La Mancha han intensificado este miércoles su llamamiento al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar la grave situación de la sequía que azota los cultivos de secano en sus regiones. En un encuentro en Madrid, liderados por Sara Rubira, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia y “coordinadora” de la reunión, han planeado enviar una segunda carta a Planas, exigiendo la convocatoria de la mesa de la sequía para establecer medidas «urgentes».
Rubira detalló en una rueda de prensa que Murcia enfrenta pérdidas de hasta «289 millones de euros» en los últimos dos años debido a este fenómeno, una situación que según ella, ya no puede ser sostenida por el sector. Las organizaciones agrarias como Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Cooperativas agro-alimentarias de España participaron igualmente en la reunión y en la presentación púbica de esta postura.
Este requerimiento ocurre tras un primer intento de comunicación por parte de Rubira el 24 de junio, cuando se remitió una «reunión urgente» que fue respondida de forma considerada «evasiva» por el ministerio, causando la inclusión de más comunidades a la causa. En aquel entonces se sumó Andalucía a la iniciativa que buscaba la implicación de otras comunidades como Castilla-La Mancha, actualmente gobernada por el socialista Emiliano García-Page.
Teniendo en cuenta la gravedad de la problemática, Rubira insta a todas las comunidades autónomas aquejadas por esta situación a integrarse en este «frente común», calificando el asunto como un «tema de Estado». De igual manera, hace hincapié en la necesidad de abordar tanto soluciones coyunturales para la cesante viabilidad agrícola como la proyección de un futuro que prevenga el abandono de las tierras de cultivo y una posterior «desertificación».
Por su parte, la Consejería de Agricultura de La Rioja, a través de su representante Noemí Manzanos, manifestó su seria inquietud ante la disminución de hasta el 95% de la producción de secano en algunos lugares en comparación a otros años. Aunque La Rioja no se encuentra en una crisis tan severa como el resto de las comunidades, la concienciación respecto de esta emergencia es igual de urgente.
Reiterando esta necesidad de actuación por parte del Gobierno español, las asociaciones de agricultores además hicieron un llamado particular hacia la Unión Europea (UE) para que «se involucren» en la situación y, en palabras del secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, se llegue a «un análisis muy profundo» de las consecuencias del cambio climático en la práctica agrícola. Pedro Barato, presidente de Asaja, subrayó la importancia de contar con «medidas directas» y un «plan de choque económico» pronto, mientras que el secretario general de COAG, Miguel Padilla, hizo hincapié en la especificidad de medidas «coyunturales e inmediatas» para la agricultura de secano. Y es que sin ellas, advirtió, existe el peligro de que dichos cultivos «desaparezcan» y los territorios degraden a un estado de desierto.
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España añadió a la demanda, la necesidad de dirigir la atención a comarcas que aún sufren una sequía “crítica”, promoviendo así un diálogo entre sectores afectados, comunidades implicadas, la administración central y la UE, para tomar acciones determinantes ante la crisis hídrica que amenaza uno de los pilares fundamentales de la economía y supervivencia regional: la agricultura.
