Este jueves, 9 de mayo, se inaugura una nueva era digital en el ámbito de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España. La innovadora medida acompaña la entrada en vigor de la reciente ley 11/2023, que promueve la transformación digital y tiene como meta la reducción del uso de papel en las oficinas de la administración de justicia.
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en una resolución fechada el 7 de julio de 2023, ha tomado la decisión de conceder un período de dos días inhábiles cuando estos cambios tomen efecto para facilitar la transición.
El proceso de registro electrónico completo, que implica que todos los procedimientos registrales serán ejecutados en formato digital y contarán con la firma electrónica avanzada de los registradores, revolucionará este sector. A cada documento registrado, se adjuntará una certificación estructurada que reflejará con precisión la situación actual de la finca en cuestión.
Esta medida conseguirá unificar y estandarizar los procedimientos en todos los registros del territorio nacional, prestando especial atención a la seguridad electrónica de los datos. En este sentido, se respetará el Esquema Nacional de Seguridad, con la certificación del Centro Criptográfico Nacional garantizando la integridad y confiabilidad del sistema.
Adicionalmente, se anunció la creación de una Sede Electrónica que otorgará a los ciudadanos el acceso a una carpeta registral personal. Dicho espacio digital permitirá a los usuarios verificar la validez de sus documentos a través del Código Seguro de Verificación (CSV) y les ofrecerá información actualizada sobre notificaciones, comunicaciones y procedimientos administrativos.
Pese a la digitalización, los promotores del proyecto aseguran que la esencia del servicio no cambiará y que la atención personalizada seguirá siendo una prioridad para la institución, defendiendo que este proyecto «transformador» y distintivo de la «Marca España» proporcionará mayor transparencia e interoperabilidad en la sociedad.
En Castilla-La Mancha, la implementación de este sistema alcanza a un considerable número de entidades, con un total de 60 Registros de la propiedad y mercantiles y 62 registradores. La industria no solo avanzará en la modernización de sus procedimientos, sino que también genera un empleo significativo, con más de 700 personas trabajando en este sector en la región.
