El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI C-LM) ha instado con urgencia al Gobierno regional a establecer un convenio social que asegure la estabilidad y continuidad de las entidades en la región, que son los principales proveedores de servicios para personas con discapacidad.
En palabras de Cristina Gómez, presidenta de CERMI en Castilla-La Mancha, la dependencia de las subvenciones públicas y el sistema competitivo de financiación generan una considerable incertidumbre, sobre todo ante cambios políticos inminentes. La presidenta ha subrayado el serio riesgo que enfrenta la sostenibilidad del sector y ha remarcado el impacto negativo que tienen el aumento de los costos operativos en las entidades, las cuales carecen de la capacidad financiera para incrementar los precios de las prestaciones que ofrecen a la población vulnerable.
CERMI enfatiza la necesidad de un cambio hacia un sistema de concertación social o financiación plurianual, alejándose del actual modelo basado en subvenciones anuales que provoca problemas cíclicos. Esta legislatura debería culminar con el cierre de este acuerdo, para lo cual CERMI ofrece su colaboración en la realización de un estudio de costes preciso.
Además, desde CERMI se ha manifestado la preocupación por los dilatados plazos para el reconocimiento del grado de discapacidad en la región, que actualmente promedian 15 meses y en algunas provincias superan los 20 meses. Son cifras significativamente más altas que el plazo legal de seis a nueve meses. Por ende, se hace un llamado para que la Consejería de Hacienda suministre los recursos humanos necesarios para acortar estos tiempos.
Otro punto crítico es la necesidad de revisar y actualizar el sistema de dependencia, asegurando que se adapte a los cambios legislativos estatales y fomente la figura del asistente personal. También es esencial que mejoren los procedimientos de valoración y se actualice el catálogo de prestaciones.
Con miras a una sociedad más inclusiva, CERMI señala que es imperativo revisar la ley de accesibilidad y modernizarla para reflejar las necesidades actuales. Adicionalmente, en el frente del empleo, proponen incrementar la cuota de reserva para personas con discapacidad en el ámbito del empleo público, pasando del 7% al 10%.
Para finalizar, el CERMI condena prácticas abusivas contra personas con discapacidad, como la implicación en la venta de papeletas de juego ilegal y el empleo de contenciones mecánicas en ámbitos sanitarios y sociosanitarios, catalogándolas como formas de tortura por parte de la ONU y solicitando su eliminación conforme a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
