El presidente de la Confederación Castellanomanchega de Empresarios (Cecam), Ángel Nicolás, ha expresado su desacuerdo con las prácticas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el marco de la negociación sobre la reducción de la jornada laboral. Durante una rueda de prensa celebrada en Toledo con motivo de la presentación de la XXI edición de los Premios Empresariales, Nicolás ha calificado de «poco democráticas» las formas en que se está llevando a cabo esta negociación.
En su intervención, Nicolás subrayó que el diálogo social debería consistir en «discutir qué es bueno para todos sin que perjudique al otro». Sin embargo, criticó que el ministerio de Díaz amenace con retirar ayudas a las empresas que no se ajusten a la normativa sobre la reducción de jornada. «¿Pero esto qué es? No lo hemos visto nunca», afirmó, cuestionando la naturaleza de esas advertencias y sugiriendo que tales prácticas estarían más alineadas con regímenes autoritarios que con una democracia.
El líder de Cecam también lamentó la falta de información recibida desde el Ministerio, refiriéndose a esta situación como una «forma un tanto especial de hacer negociación colectiva». Nicolás enfatizó la importancia de escuchar a todas las partes involucradas y de considerar sus aportaciones para lograr un acuerdo que no perjudique a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los autónomos, quienes, según sus palabras, constituyen la mayor parte del tejido empresarial del país.
Nicolás advirtió que si el Ministerio desconoce la realidad de las micropymes, toda la legislación que promueva podría resultarles perjudicial. Sostuvo que lo que podría ser beneficioso para una empresa con 200 empleados podría ser «la destrucción» de una que cuente con uno o dos trabajadores. Por ello, reclamó que si se debe legislar sobre la reducción de la jornada laboral, debería hacerse de manera específica para las empresas que realmente puedan implementarla.
Finalmente, el presidente de Cecam fue contundente en cuanto a las ayudas que se proponen para aplicar estas medidas, afirmando que «no valen para nada». Con una crítica directa hacia el enfoque del ministerio, concluyó que la idea de aplicar un «café para todos» en la legislación laboral no es viable, reafirmando su posición sobre la necesidad de un enfoque más adaptado a la diversidad del tejido empresarial en España.
