CCOO y UGT han anunciado su intención de salir a las calles de toda España este domingo 2 de febrero para condenar lo que consideran un uso «oportunista» de la protección social por parte de diversas formaciones políticas. Esta acción se produce tras las tensiones alrededor del primer decreto ‘ómnibus’, cuya no convalidación podría haber puesto en riesgo importantes medidas, entre ellas la revalorización de pensiones y las ayudas al transporte.
En Castilla-La Mancha, las manifestaciones tendrán lugar en varias plazas de diferentes ciudades: en Albacete en la Plaza del Altozano, en Ciudad Real en la Plaza de la Constitución, en Cuenca en la Plaza de España, en Guadalajara en la Plaza Mayor y en Toledo en la Plaza de Zocodover. En Madrid, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, encabezarán la movilización a las 12.00 en la Plaza Jacinto Benavente, exhortando a los grupos parlamentarios a cumplir su compromiso y aprobar el nuevo real decreto ley «sin más dilaciones».
Los sindicatos también han organizado concentraciones en todas las comunidades autónomas, demandando que los legisladores se centren en las necesidades de la ciudadanía y que no utilicen sus derechos como «moneda de cambio». En un manifiesto conjunto, CCOO y UGT han argumentado que el Parlamento debe «estar al servicio de la gente», denunciando que el uso de estrategias políticas de corto alcance perjudica no solo la imagen de los partidos, sino también a las instituciones democráticas.
Ambas organizaciones han subrayado que la no aprobación del primer decreto ‘ómnibus’ afectó a más de 10 millones de pensionistas, 2 millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), además de amenazar la continuidad de ayudas a familias vulnerables y al transporte público para más de 20 millones de usuarios. En este contexto, se ha enfatizado que no se pueden permitir que los derechos de la ciudadanía sean utilizados como ficha de cambio en disputas políticas.
Unai Sordo ha advertido que el movimiento sindical seguirá «vigilante» respecto a las leyes que se tramiten en el Congreso, mientras que Pepe Álvarez ha señalado que las movilizaciones buscan expresar que las medidas presentadas están «lejos de las necesidades» reales de la población.
A pesar de que se ha alcanzado un acuerdo para un nuevo decreto ‘ómnibus’, negociado con Junts y que probablemente contará con el apoyo del Partido Popular (PP), CCOO y UGT han insistido en la necesidad de salir a la calle para demandar «responsabilidad y compromiso». Las organizaciones sindicales buscan que se evite que la protección social de la mayoría quede en riesgo y que el Gobierno cumpla con su promesa de reducir la jornada laboral a 37,5 horas, especialmente ante la falta de presupuestos generales para 2025.
Asimismo, reflejando su preocupación por el futuro de las pensiones, CCOO y UGT han recordado la importancia de asegurar la sostenibilidad del sistema público, subrayando la necesidad de medidas acordadas en el diálogo social, como la implementación de la cuota de solidaridad para los salarios más altos y el refuerzo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Ambas organizaciones han recalcado que algunos partidos apoyan la revalorización de las pensiones, pero se oponen a los ingresos que la hacen viable, advirtiendo que esto pone en riesgo el sistema y abre la puerta a su privatización.
