En reciente rueda de prensa, representantes sindicales de CCOO Industria Toledo y UGT, en compañía del Comité de Empresa de la fábrica de zapatos Pablosky de Fuensalida, denunciaron el procedimiento de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la compañía, el cual aseguran «no tiene motivación económica». La secretaria provincial de CCOO Industria Toledo, María Jesús Fernández, y Sergio de la Fuente de UGT, informaron que dicha acción será objetada legalmente por la parte sindical.
La empresa, que cuenta con una plantilla de 315 trabajadores, ya había propuesto previamente convertir puestos de trabajo a fijos discontinuos, lo que derivó en pérdidas económicas para los salarios de los empleados afectados. Este año, se ha planteado nuevamente la misma propuesta, que ha generado descontento entre los trabajadores ante la situación que atraviesa la compañía.
La actual intención de Calzados Pablo es la de despedir a 48 empleados. Sin embargo, los sindicatos estiman que el número puede ser mucho mayor, acercándose al centenar de despidos. Esta estimación incluye a aproximadamente 68 trabajadores que están en una franja de edad que les permite prejubilarse o jubilarse, y que han sido excluidos de la opción de bajas voluntarias.
Los representantes de los trabajadores enfatizaron que las causas económicas aducidas por la empresa no son sólidas y anticiparon que se solicitará a la autoridad laboral que rechace el ERE. Adicionalmente, las asesorías jurídicas de los sindicatos se preparan para impugnar la nulidad o la improcedencia de los despidos en caso de que se efectúen, asegurando que el trato ofrecido a los afectados por parte de la empresa es insuficiente.
Se ha anunciado asimismo que el próximo martes se convocará una asamblea de trabajadores para comunicarles la situación detalladamente y para tomar decisiones respecto a las medidas sindicales que se tomarán frente a lo que califican de «despidos traumáticos» que la familia Martín-Caro, propietarios de la empresa, desea implementar.
Además, se denunció que desde junio del año pasado partes del proceso productivo fueron reubicadas en Marruecos, trasladando específicamente las secciones de cortado y aparado. Los sindicatos recalcan que, de haberse mantenido estas actividades en Fuensalida, no sería necesario el despido de las 48 personas propuestas, ni de las adicionales que irán jubilándose en los próximos años.
La inquietud de los sindicatos se incrementó tras la mediación del 14 de diciembre, donde se extendió el periodo de consultas sin lograr un acuerdo, a pesar de la esperanza inicial de los representantes sindicales. Los propietarios, por su parte, han culpado al colectivo mayor de 59 años de la plantilla, de los cuales hay 110, por los problemas legales generados luego de que presentaran una denuncia ante la Inspección laboral.
En cuanto a las negociaciones de salidas voluntarias, los empresarios han limitado las opciones a dos grupos de trabajadores: los menores de 50 años y aquellos entre 61 y 62 años, dejando fuera a los mayores de 63 con la expectativa de que pronto accederán a la jubilación, lo cual implicaría un menor costo para la empresa.
