El reciente anuncio de la Orden del Concierto Social para la gestión del acogimiento residencial de menores y ejecución de medidas judiciales en Castilla-La Mancha ha generado gran preocupación entre los trabajadores del sector. Según Comisiones Obreras (CCOO), esta medida «pone en riesgo los puestos de trabajo y los salarios de las 700 personas que prestan el servicio en la región». Ante esta situación, el sindicato ha instado al Gobierno regional a revisar y enmendar la Orden antes de su entrada en vigor, programada para el próximo 1 de noviembre.
CCOO ha solicitado que se aclaren explícitamente las obligaciones que las entidades gestoras deben cumplir respecto a su personal en relación con las 532 plazas contempladas en el Concierto. El sindicato hace hincapié en el cumplimiento del convenio colectivo de aplicación, que abarca aspectos fundamentales como las tablas salariales y las revisiones correspondientes, así como el reconocimiento de los derechos y obligaciones vinculados a este marco.
Asimismo, CCOO ha dejado claro que es esencial garantizar la subrogación de los contratos en casos de sucesión de empresas al frente de los 54 hogares de atención residencial, así como de los cuatro Centros de Primera Acogida y el centro especializado para niños con discapacidad. La ausencia de esta garantía, según el sindicato, compromete la continuidad de los profesionales en los centros cuya gestión cambie de titular, algo que puede tener repercusiones negativas en un servicio público tan delicado como la protección de menores.
El sindicato ha denunciado que los costes laborales son un componente crucial del coste total de cada plaza en el Concierto, pero se ha criticado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no desglosa ni justifica el precio establecido para estas plazas. Desde CCOO se sostiene que esta falta de claridad contraviene la Ley de Contratos del Sector Público. Además, han expresado que la Orden condiciona las actualizaciones de precios al aumento de las retribuciones del personal de la Junta, lo que consideran «radicalmente contrario a derecho».
En su comunicación, CCOO también ha cuestionado la inclusión de la categoría de ‘Educador/a’ como figura principal en la intervención directa con los menores, ya que esta categoría no existe en el Convenio Estatal y su inclusión en la Orden de Concierto podría desregular la figura del Educador Social.
Finalmente, el sindicato ha solicitado una revisión urgente de la Orden, expresando su disposición al diálogo y a la colaboración en este proceso, antes de que consideren tomar medidas adicionales en defensa de los trabajadores y sus condiciones laborales.
