Se publicó en el DOCM la Orden que regula el procedimiento para acreditación en Castilla-La Mancha de las enfermeros para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.
Esta orden, muy reclamada en nuestra comunidad autónoma por el colectivo de enfermería y que entrará en vigencia veinte días después de su publicación, viene a dar cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento estatal que atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia para establecer los requisitos necesarios para obtener dicha acreditación.
A su vez, la modificación de la norma estatal, a través del Real Decreto 1302/2018, pone fin a la controversia entre los ámbitos competenciales de las profesiones médicas y enfermera evidenciadas en aplicación del Real Decreto 954/2015.
La Orden afecta al personal de enfermería de los centros sanitarios de la comunidad autónoma tanto del ámbito público como del privado; y los únicos requisitos exigidos, además de la titulación correspondiente dependiendo si se trata de cuidados generales o especializados, es acreditar una experiencia profesional mínima de un año o haber superado un curso de adaptación adecuado ofrecido por la Administración sanitaria de forma gratuita cuando la experiencia profesional sea inferior a un año.
En el caso de los enfermeros que se encuentren prestando servicios en el SESCAM como mínimo la experiencia profesional de un año, quedarán acreditados de oficio mediante resolución de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria.
CCOO-Sanidad y Sectores Sociosanitarios CLM valoró positivamente la Orden, que pone en valor la eficiencia del trabajo de la enfermería, optimizando los recursos y mejorando la calidad asistencial; normalizando la realidad cotidiana que se desarrolla en los centros de trabajo, respetando los ámbitos de competencia de cada profesional y ofreciendo una capacidad mayor de respuesta en un período especialmente exigente como el que estamos atravesando.
En Castilla-La Mancha, la Orden afecta alrededor de 8.000 profesionales del ámbito público y otros 500 del sector sanitario privado.
