CCOO-FSC CLM insta al Sescam a intervenir las contratas del Transporte Sanitario y garantizar la viabilidad del servicio, que las contratas adjudicatarias están poniendo en riesgo al obligar a las plantillas a realizar sin los EPIs preceptivos el traslado de enfermos de Covid-19, posibles, probables y confirmados.
Desde el inicio de la pandemia, todos los protocolos, procedimientos y documentos técnicos emitidos por el Ministerio de Sanidad establecen que el personal que presta el servicio del Transporte Sanitario debe hacerlo provisto de mascarillas FFP2, mascarillas quirúrgicas (para proteger las vías respiratorias), gafas protectoras, guantes y traje corporal de protección Categoría III (Tipo Buzo).
Sin embargo, en CLM no hay ninguna provincia donde las contratas adjudicatarias del servicio estén proveyendo de estos elementos a sus trabajadores, que se los tienen que buscar por su cuenta; reutilizar mucho más allá de lo establecido en las prescripciones técnicas; compartir con los trabajadores de los turnos sucesivos…
Tampoco el titular del servicio, el Sescam, se está ocupando de garantizar la necesaria dotación de EPIs. La última vez que entregó material a las plantillas del transporte sanitario -una bata por trabajador- fue el 21 de marzo.
Los sindicatos están denunciando los hechos a la Inspección de Trabajo y los juzgados de lo Social; pero las empresas hacen caso omiso o se limitan a aparentar el cumplimiento de las resoluciones. Ante la desesperación de los trabajadores, los autos judiciales y los requerimientos de la Inspección se quedan en agua de borrajas.
CCOO-FSC ha abierto ahora una nueva vía; su secretario general en Ciudad Real ha denunciado ante la Fiscalía a la contrata SSG por un presunto delito contra el art. 316 del Código Penal, castigado con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
El responsable de CCOO, Alfonso Tercero, indica en su escrito a la fiscalía que el sindicato “no es desconocedor la excepcionalidad del momento que vivimos con ocasión pandemia y de la escasez de material; pero no podemos dejar pasar por alto que, transcurridas las primeras semanas más críticas, la empresa, sea por negligencia u omisión, permanece en la completa inacción. No da ni muestras de procurar a su plantilla el suministro de los elementos de protección, y sanciona a los trabajadores que demandan mayor seguridad en el desarrollo de sus labores.”
“No sabemos cómo actuará la Fiscalía, que sin duda tendrá también muchísimos frentes abiertos; ni el recorrido judicial que en su caso pueda tener esta iniciativa, pero no podemos dejar de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal unos hechos presuntamente delictivos de tal gravedad”, explica Tercero.
“No sólo se pone en riesgo la salud de los trabajadores, la de sus familias y la Salud Pública. Se está poniendo en riesgo hasta la continuidad del servicio, porque siguen aumentando las bajas por covid-19 entre los trabajadores y trabajadoras de las contratas. El pasado día 11 falleció por esta infección un compañero, el técnico de UVI en Tarancón Raúl C. R., de 51 años.”
“El Sescam, la consejería de Sanidad, titulares y responsables del servicio del Transporte Sanitario, tienen que intervenirlo para garantizar su viabilidad y la salud de quienes lo prestan. Las contratas ya han demostrado que no con capaces”
