Representantes de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) se reunirán el miércoles, 19 de marzo, con miembros de la Consejería de Bienestar Social para discutir los planes de la Junta en relación con la Orden de Concierto Social, que regula la gestión del acogimiento residencial de menores y la ejecución de medidas judiciales. Esta reunión se produce tras la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ha determinado que la Junta de Castilla-La Mancha «incumple» el convenio colectivo de los trabajadores de estos centros.
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla-La Mancha, Ana Delgado, anunció este encuentro durante una concentración organizada por su sindicato y UGT en respuesta al asesinato de una educadora en un piso destinado a menores con medidas judiciales en Badajoz. Delgado destacó que esperan reunirse con Inmaculada Tello, directora general de Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social, para abordar la situación.
CCOO exige que la Administración regional respete el convenio en cuanto a «condiciones económicas y laborales» de los profesionales que trabajan en el sistema de acogimiento de menores en la región. Delgado hizo énfasis en la importancia de que la Consejería actúe conforme a la resolución del Tribunal, ya que las ratios y retribuciones están reguladas por el convenio colectivo.
El Tribunal de Recursos Contractuales falló a favor de CCOO después de que este sindicato presentara un recurso denunciando el incumplimiento de la legislación vigente y directivas europeas relacionadas con este convenio. La organización sindical demanda la implementación del convenio sectorial en los contratos de la Administración pública, lo que implicaría un aumento salarial del 35% para trabajadores de protección y del 20% para aquellos en centros de medidas judiciales de régimen abierto.
Delgado también destacó que existen irregularidades en la contratación, apuntando que un auxiliar no debería estar solo en un centro, una práctica que se ha estado llevando a cabo para reducir costes. En su opinión, no se puede permitir la precariedad en un sector tan delicado como el del cuidado de menores.
En Castilla-La Mancha, hay aproximadamente 550 trabajadores en 60 centros, de los cuales unos 150 se encuentran en Toledo en 12 centros diferentes. CCOO representa al 60% de los trabajadores en este sector, según informó Delgado.
La normativa sobre los conciertos de menores establece que las empresas deben cumplir con el convenio colectivo, y la representante de CCOO urgió a la Junta a implementar sanciones para aquellas empresas que no cumplan con estas disposiciones, impidiendo su participación en futuras licitaciones.
Por su parte, Estrella Fernández de UGT subrayó la relevancia del asunto, afirmando que el sindicato está abierto a escuchar cualquier mecanismo que la administración implemente para mejorar las condiciones laborales en los centros de protección y atención. Fernández insistió en que la responsabilidad no recae únicamente en las empresas que gestionan estos centros, ya que se trata de un tema que involucra la atención a la infancia y adolescencia, y, por lo tanto, hay una responsabilidad compartida con la Administración.
