CCOO ha exigido hoy a todas las administraciones y empresas públicas de CLM los Fondos Adicionales derivados del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público 2018-2020, “que son de aplicación obligada, no discrecional”, aunque hasta ahora tanto el gobierno regional como la mayoría de las corporaciones locales se han negado a distribuirlos
Por la negativa por parte del gobierno regional y la mayoría de las corporaciones locales de distribuir , los Fondos Adicionales derivados del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público 2018-2020, CCOO ha exigido a todas las administraciones y empresas públicas de CLM el cumplimiento por cuanto “son de aplicación obligada, no discrecional”.
CCOO ha cuantificado en 24 millones de euros, el valor al que ascienden los fondos adicionales por los tres años afectados en el mencionado acuerdo. Para ello, el sindicato ha solicitado que se comience a negociar a la brevedad, lo que corresponde a los ejercicios 2018 y 2019 que ascienden según CCOO, a 6.24 y 7.99 millones de euros,respectivamente. Esta suma se incrementaría en 10 millones más que corresponden al 2020.
La secretaria general de CCOO-FSC de CLM y coordinadora del Área Pública del sindicato de la región, Lola Colchero, ha señalado que “Estamos en pleno proceso electoral y somos conscientes de que en este mes de mayo no se va a poder llevar a cabo, pero en cuanto se configuren los nuevos gobiernos han de ponerse a ello, pues deben a sus empleadas y empleados los fondos adicionales de 2018 y 2019. Negociar lleva su tiempo, por ello han de hacerlo lo antes posible, porque ya llegan tarde; más de un año tarde”.
En una rueda de prensa ofrecida por Cachero y las secretarias generales de CCOO-Enseñanza y de CCOO-Sanidad y Servicios Sociosanitarios CLM, Mercedes Gómez, Chelo Cuadra, han informado que ha sido el propio Ministerio de Política Territorial y Función Pública el que, tras la última reunión de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo, ha confirmado “la obligación de destinar los porcentajes previstos para cada ejercicio a fondos adicionales, no siendo en ningún caso potestativa la distribución o no de los mismos.”
El Acuerdo obliga a las administraciones y empresas públicas a destinar a fondos adicionales un porcentaje de masa salarial de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, el 0,2%, 0,25% y 0,30%, respectivamente. En cada ámbito, los responsables de las administraciones y empresas públicas deben negociar con la Representación Legal de sus Trabajadores el destino de ese dinero, que puede dedicarse a planes o proyectos de mejora de la productividad, a la revisión de RPT; a la mejora de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, a la homologación de completos de destino o la aportación a planes de pensiones, entre otros posibles destinos para la mejora del empleo público y de las condiciones laborales del personal al servicio del sector público.
“No vamos a consentir que las administraciones se queden con ese dinero. Las empleadas y los empleados públicos sufrimos muchos recortes durante un periodo muy largo y no dudaron en aplicarlos. Pero al hablar de mejoras cuesta mucho que se apliquen. Esperamos que la próxima legislatura finalice el proceso de recuperación y se apliquen los acuerdos que el Estado dice que son de obligado cumplimiento”, ha subrayado Cachero
