El pasado lunes, los sindicatos mayoritarios del sector y la patronal Acescam registramos un escrito dirigido al presidente de la Castilla-La Mancha y al consejero de Sanidad demandándoles plan integral con cinco medidas urgentes para atajar cuanto antes la lamentable situación en la que se encuentran las residencias de mayores públicas y privadas de la región. No vamos a describirla, las cifras de fallecimientos y contagios, controversias aparte, son más que dramáticas.
El jueves, le recordamos públicamente al Gobierno de CLM que el Ministerio de Sanidad emitió el día 3 una Orden, la 322/2020, cuyo cumplimiento exigimos con urgencia y que sitúa a residentes y trabajadores de centros de servicios sociales de carácter residencial, (centros residenciales de personas mayores, personas con discapacidad u otros centros de servicios sociales de análoga naturaleza) en el mismo nivel de prioridad que a los pacientes y profesionales de los sanitarios y de los profesionales que los atienden.
El viernes, la consejera de Bienestar Social, tras reunirse con el presidente, el consejero de Sanidad y ‘una representación’ de directores y directoras de centros residenciales, ofreció una rueda de prensa en la que lo más importante (lo único) que anunció en nombre del Gobierno es que contamos -al fin- con una bolsa de trabajo con 3.500 personas en disposición de incorporarse para reforzar las plantillas; y que “se está poniendo en marcha” un dispositivo de comunicación entre familiares y residentes.
Nuestra decepción fue y es mayúscula. Ambas medidas ya las pidió este sindicato hace un mes. No hubo en la comparecencia de la consejera ninguna mención al resto de las propuestas y demandas de los representantes patronales y sindicales. Que eran y son más que acuciantes.
A estas alturas de la crisis sanitaria, muy lejos aún de revertir, no sabemos aún qué ventajas tienen los centros sociosanitarios de depender de la Consejería de Sanidad, según resoluciones de 20-03-2020 y 1-04-2020, por las que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en las residencias de personas mayores, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, como salvaguarda de la salud pública a causa del COVID-19.
Más allá de la actuación de la UME o de GEACAM para la limpieza y desinfección de los centros -muy útil y muy valorada-, y de la intervención de residencias por un equipo de profesionales del Sescam -que informa demasiado sucintamente a las plantillas de los centros intervenidos del protocolo de actuación-, ni trabajadoras ni centros conocen otras medidas ni actuales ni futuras para acabar con el verdadero problema: la hemorragia de fallecimientos que no cesa.
No se sabe qué hacer en centros donde no es posible el aislamiento, ni quién tiene la obligación de vigilar la salud de las plantillas (empresas o Sescam), ni quién debe proporcionar las mascarillas o los EPIs, ni quién debe pasar los test de detección, ni los criterios que se van a seguir, ni el orden de prioridades.
Incluso la Instrucción de la consejería de Sanidad para el trabajo en Hospitales, centros residenciales y funerarias con cadáveres confirmados con Covid-19 o síntomas compatibles adjudica esta tarea, en el caso de las residencias, al “personal auxiliar que haya estado administrando el tratamiento o cuidados a la persona fallecida”, olvidándose que no tienen ni la formación ni los Equipos de Protección Individuales adecuados para realizar el procedimiento según la normativa del Ministerio de Sanidad.
Las residencias de mayores, las de personas discapacitadas y los centros residenciales análogos, están clasificados como sociosanitarios. Eso implica que no tienen infraestructura, ni personal, ni medios para tratar a personas contagiadas; aunque ahora, como pueden, lo estén haciendo. No creemos que esta afirmación sorprenda a nadie, y si es así es que existe un desconocimiento total y absoluto del sector.
Y mientras tanto, constatamos día tras día las macabras cifras de fallecimientos, de los que al menos un tercio se registran en residencias de mayores. Más de la mitad de las más de 350 residencias públicas y privadas de la región tienen casos; y hay un número indeterminado, pero grande, de muertes que no computan porque no están diagnosticadas.
Por si esto fuera poco, algunos centros de gestión privada, ante la pérdida importante de residentes y, por tanto, de ingresos, están estudiando ya la posibilidad de hacer ERTES. Es decir: después de aguantar el tremendo esfuerzo, físico y emocional, que les está exigiendo la actual situación, a los profesionales lo mismo les espera el paro cuando esto acabe.
Exigimos al Gobierno de esta región que de forma inmediata tome las medidas necesarias que ya las conoce y solo tiene que ponerlas en marcha para acabar de una vez por todas con esta durísima realidad; y empiece a estudiar junto con empresarios y sindicatos un plan de futuro para este sector tan injustamente castigado.
