El próximo miércoles, 19 de marzo, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) se reunirá con representantes de la Consejería de Bienestar Social para discutir la gestión del acogimiento residencial de menores y las medidas judiciales tras el reciente fallo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ha determinado que la Junta de Castilla-La Mancha está «incumpliendo» el convenio colectivo de los trabajadores en estos centros.
Esta cita fue adelantada por Ana Delgado, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla-La Mancha, durante una concentración convocada por el sindicato junto a UGT para condenar el asesinato de una educadora en un piso destinado a menores bajo medidas judiciales en Badajoz.
Delgado subrayó que esperan reunirse con Inmaculada Tello, directora general de Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social, para conocer cómo se implementará la solución tras el fallo judicial. La representante de CCOO insistió en la necesidad de que la Administración regional respete las condiciones económicas y laborales que estipula el convenio colectivo para los profesionales que trabajan en el sistema de menores de Castilla-La Mancha.
«Queremos saber qué acciones tomará la Consejería de Bienestar Social, ya que las ratios y retribuciones están reguladas en el convenio colectivo», afirmó Delgado. El Tribunal de Recursos Contractuales ha respaldado a CCOO tras la presentación de un recurso que denunciaba la falta de respeto hacia la legislación vigente y las directivas europeas relacionadas con este convenio.
La líder sindical exigió una mejora significativa en los salarios de los trabajadores del sector, solicitando un aumento del 35% para los profesionales de protección y del 20% para aquellos en centros de medidas judiciales de régimen abierto. Además, Delgado destacó que la actual situación de contratación, que permite que un auxiliar permanezca solo en un centro, es inaceptable, instando a que el personal esté adecuadamente respaldado.
En la región, aproximadamente 550 trabajadores están distribuidos en 60 centros, de los cuales 150 se encuentran en Toledo. CCOO posee el 60% de la representación en este sector, según declaró Ana Delgado. La representante sindical afirmó que el cumplimiento del convenio colectivo en el contexto de los conciertos sociales debe ser responsabilidad de las empresas, pidiendo a la Junta que implemente sanciones para aquellas que no lo cumplan.
Por su parte, Estrella Fernández de UGT enfatizó la sensibilidad del asunto y destacó que el sindicato está dispuesto a considerar cualquier mecanismo que la administración proponga para mejorar las condiciones laborales en los centros de protección y atención. «Es crucial resolver esta situación, pero también el cómo se logra», comentó Fernández, subrayando que aunque la gestión esté externalizada, la responsabilidad recae en la Junta, ya que los trabajadores desempeñan una labor fundamental para la infancia y adolescencia.
