CCOO en Castilla-La Mancha califica las leyes de la Concordia como una ‘barbaridad’ que amenaza la armonía social

CCOO C-LM ve "una barbaridad" las leyes de la Concordia y cree que ponen en "riesgo" la convivencia de la gente

El presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales de CCOO Castilla-La Mancha, Antonio Arrogante, ha criticado duramente las iniciativas conocidas como leyes de la Concordia, promovidas por el Partido Popular (PP) y Vox en las comunidades de Castilla y León, Aragón y Valencia. En una rueda de prensa reciente, donde se anunciaba el premio Abogados de Atocha 2024, Arrogante expresó su preocupación por las consecuencias que dichas leyes puedan tener en la cohesión social.

Arrogante acusó al PP de ceder a las demandas de Vox, un movimiento que a su juicio, demuestra una falta de comprensión sobre lo que significa vivir en una sociedad democrática. Según él, PP y Vox están arriesgando la convivencia ciudadana con propuestas legislativas que equiparan la dictadura franquista con el periodo gubernamental de La República.

Esta posición, según explica Arrogante, no solo subvierte la historia sino que también desconcierta a muchos ciudadanos que se preguntan sobre la necesidad de tales leyes en la actualidad. El sindicalista apunta a un «complejo» por parte de la ultraderecha, acusándola de apoyar y mantener posturas propias de dictaduras.

El presidente de la Fundación se ha mostrado igualmente consternado ante el hecho de que estas legislaciones puedan perpetuar el sufrimiento de aquellos que buscan justicia para sus seres queridos, quienes llevan años luchando por el reconocimiento y la reparación. Arrogante también criticó la ausencia de una Ley de Memoria Democrática en Castilla-La Mancha, instando a la creación de una normativa «razonable» que permita una «reparación justa».

Finalmente, mostró su descontento con el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en sitios emblemáticos como el Alcázar de Toledo, tachando la situación de «barbaridad» y condenando la falta de firmeza del Gobierno a la hora de aplicar la ley existente. Arrogante concluyó lamentando que estos actos sean una «patada» a la convivencia del país y un intento de «hurgar más en la herida» de quienes aún buscan justicia.

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