CCOO ha denunciado que, pese a que hace ya un año que se ha cumplido la vigencia de los contratos del Transporte Sanitario de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, y cumplida también la prórroga del contrato en la provincia de Toledo, el Gobierno regional aún no ha publicado los pliegos de condiciones para volver a sacar a concurso estas contratas.
«Por ello, creemos que la Junta de Comunidades debe dar un paso al frente y proceder a estudiar la viabilidad económica de la gestión directa del servicio, al igual que se está haciendo en Cantabria, donde se estima que la gestión directa de este servicio público esencial permite el ahorro de unos 18 millones de euros», ha defendido el coordinador del Sector de Transporte por Carretera de CCOO-FSC Castilla-La Mancha, Alfonso Tercero.
«Consideramos que la ciudadanía y los trabajadores/as de este sector se merecen la reversión de la externalización de este servicio de ambulancias. Para una mejor atención a la ciudadanía de Castilla-La Mancha; una mayor garantía de derechos para las plantillas del transporte sanitario; y un más que probable ahorro para las arcas públicas», ha añadido, según ha informado el sindicato.
Según CCOO, en la actualidad, se debe proceder a una subida salarial del 13% que fue pactada en el convenio vigente firmado por UGT y CCOO; pero cuya aplicación real hubo que defender con siete semanas de huelgas durante el año 2020, convocadas por CCOO, USO y los comités de empresa de Ciudad Real y Cuenca.
«Las dificultades que suponen tener que denunciar una y otra vez los incumplimientos salariales y laborales de las empresas beneficiadas con las contratas del Transporte Sanitario de la región; el uso fraudulento de los contratos temporales y de formación; la falta de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos que no garantizan la salud de las/os trabajadores; la prestación del servicio en muchas ocasiones con vehículos en malas condiciones hacen necesario reconsiderar el modelo actual de externalización del servicio, Un servicio público esencial que a nuestro entender debe gestionar y prestar directamente la Administración», ha recalcado Tercero.
«No podemos seguir contemplando impasibles cómo, concesión tras concesión, las empresas deterioran el servicio a costa de los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía, anteponiendo siempre el lucro empresarial por encima del interés público», ha denunciado,
