El sindicato CCOO ha denunciado el despido de 44 empleados de Cocemfe Toledo Servicios, una empresa que cuenta con una plantilla de 120 personas, de las cuales 90 tienen alguna discapacidad. La situación ha llevado a los trabajadores a iniciar una huelga indefinida este jueves debido al impago de los salarios correspondientes a agosto y septiembre.
El presidente del comité de empresa y secretario de Acción Sindical de CCOO Toledo, Javier García Barroso, ha descrito la situación como «caótica, dramática y traumática». En su denuncia, ha informado que algunos empleados han recibido instrucciones de tomarse dos días de vacaciones para no participar en la huelga y que se les ha prometido que el lunes se solucionará el problema y que se les compensará con 20 días por año, además del pago de lo adeudado.
García Barroso ha solicitado la mediación del Gobierno regional para intervenir y ofrecer una solución ante lo que considera una falta de responsabilidad por parte de la empresa. A pesar de la amplia respuesta a la huelga, ha lamentado que algunos trabajadores han decidido no unirse a la protesta, ya que algunos han continuado trabajando en la nave de CTS en Olías y en el centro de un cliente en Ajofrín.
Con la amenaza de despido de más de 40 personas, incluido todo el equipo del área textil, García Barroso ha destacado que 20 de estas trabajadoras, que no cuentan con discapacidad, han estado laborando durante más de diez años por el salario mínimo para una firma de moda, Mangata, que ha optado por prescindir de los servicios de CTS.
La huelga se había convocado desde antes del verano, pero se había aplazado durante más de tres meses confiando en los compromisos de pago de la empresa, que, según los trabajadores, han sido reiteradamente incumplidos. Cocemfe Toledo Servicios había iniciado un proceso de negociación para subrogar a gran parte de la plantilla en otro Centro Especial de Empleo, sin embargo, esas negociaciones no lograron avanzar.
García Barroso ha hecho un llamado a la Administración, urgentes medidas para resolver la situación de la empresa, que tiene una deuda de cuatro millones de euros. Asimismo, ha enfatizado que los trabajadores no pueden comenzar octubre sin una certeza sobre sus nóminas pendientes. Ha instado a la empresa a liberar a los trabajadores si no es viable mantener la operación, permitiéndoles así ejecutar acciones judiciales y acceder al desempleo.
Finalmente, García Barroso ha mencionado que hasta 83 trabajadores de CTS han presentado demandas judiciales para la rescisión de sus contratos. Ha criticado el uso de la figura de trabajadores con discapacidad por parte de muchos Centros Especiales de Empleo con ánimo de lucro y ha solicitado al Ejecutivo autonómico que realice una vigilancia más estricta sobre las ayudas públicas otorgadas a estos centros, donde los empleados con discapacidad perciben el Salario Mínimo mientras realizan las mismas tareas que sus compañeros sin discapacidad, quienes reciben salarios acorde al convenio colectivo correspondiente.
